Uno de los dogmas neoliberales que se reproducen con más frecuencia en los círculos empresariales y financieros (y ahora –con la reforma aprobada por el Gobierno Zapatero– en los círculos políticos dominantes) es el de atribuir el elevado desempleo en España a supuestas rigideces del mercado de trabajo, consecuencia de un excesivo poder de los sindicatos. Esta postura se promueve en los medios de mayor difusión y se ha convertido en la sabiduría convencional del país. De esta interpretación de las causas del desempleo se concluye que la intervención más eficaz para resolverlo consiste en desregular los mercados laborales, diluyendo el papel de los sindicatos en los convenios colectivos y facilitando el despido de los trabajadores.

Lo que es sorprendente es que esta explicación del elevado desempleo se promueva en los medios de información, cuando la evidencia empírica existente la cuestiona ampliamente. En realidad, tal evidencia forzó a la OCDE (institución neoliberal que promovió esta teoría) a desautorizar su famoso informe Jobs Study Report del año 2004, donde se proponía la desregulación de los mercados de trabajo como la medida más eficaz para reducir el desempleo. En aquel informe se decía que la dificultad en despedir a los trabajadores con contrato fijo (los llamaba los insiders) hacía que los empresarios fuesen reacios a contratar a los que no tenían trabajo (los llamados outsiders).

La evidencia, repito, no avala tal teoría. En primer lugar, no hay que confundir (lo cual ocurre constantemente) la tasa de desempleo con la tasa de crecimiento del desempleo. Son dos indicadores distintos. La primera es elevada, en general, cuando no hay suficientes puestos de trabajo disponibles para la gente que quiere trabajar. Y esto es lo que ha ocurrido desde hace bastante tiempo y explica por qué siempre España, incluso en tiempos de bonanza económica, tiene un elevado desempleo. Y una de las mayores causas de la falta de puestos de trabajo es el escaso desarrollo del sector público y, muy en particular, de los servicios públicos del Estado del bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios de ayuda a las personas con dependencia, vivienda social y otros servicios. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta que trabaja en tales servicios (hoy es el 9%) que tiene Suecia (25%), tendría más de cinco millones de puestos de trabajo más de los que tiene ahora, cifra que es superior, por cierto, al número de desempleados que tiene ahora España, con lo cual el desempleo no existiría. Tales puestos de trabajo podrían financiarse con los 200.000 millones de euros más de los que recibe el Estado español (tanto central como autonómico y municipal) si este tuviera la política fiscal que tiene Suecia.

El problema, pues, no es económico, sino político, y ello aparece con toda claridad cuando analizamos quién paga impuestos en España. La gran mayoría de impuestos procede de las rentas del trabajo. La población que está en nómina paga, en general, unos impuestos que proporcionalmente son semejantes a los impuestos de sus homólogos en la UE-15, y sólo ligeramente inferiores a los que pagan sus homólogos en Suecia. El trabajador de Seat, por ejemplo, paga en impuestos el 75% de lo que paga el trabajador de Volvo. Quienes no pagan son las rentas superiores. Los ricos y los grupos fácticos (banca y gran patronal) españoles pagan en impuestos sólo el 20% de lo que pagan sus homólogos en Suecia. El enorme poder político y mediático de estos últimos da lugar a las políticas fiscales regresivas que explican, en parte, los bajos ingresos al Estado y la escasa creación de empleo público. Es necesario y urgente aumentar los impuestos y su progresividad creando empleo (y reduciendo el déficit social de España, que tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15).

Como decía, la tasa de desempleo es un indicador distinto a la tasa de aumento del desempleo. Los países, junto con España, que han tenido mayor crecimiento del desempleo durante la crisis han sido EEUU e Irlanda. España ha tenido de 2007 a 2009 un crecimiento de 12 puntos en su desempleo; Irlanda de 9,7 puntos y EEUU de 4,7 puntos. Y EEUU e Irlanda son los países que tienen mayor desregulación del mercado de trabajo. En ellos, el empresario puede despedir con toda facilidad y los sindicatos son muy débiles. El único país de la OCDE que ha visto continuar el descenso de su desempleo ha sido Alemania, y ello a pesar de que tuvo uno de los colapsos económicos más marcados de su PIB durante la crisis, el cual cayó en picado un 4,7% (mucho más que EEUU, un 2,7% del PIB, y que España, un 3,7%) como consecuencia de la disminución de sus exportaciones, resultado de la recesión mundial. Y Alemania es uno de los países que tienen los mercados laborales más regulados y unos sindicatos más fuertes. En realidad, la cogestión empresarial, con los trabajadores y sus sindicatos representados en los comités de dirección de las empresas, explica que estas, al ver disminuir las demandas de sus bienes y servicios, hayan escogido reducir el tiempo de trabajo de cada trabajador en lugar de despedirlos. En España, sin embargo, el empresario despide, lo cual no sólo tiene un coste humano y social, sino un coste económico, pues el trabajador a largo plazo pierde conocimientos y facultades que necesitará más tarde para emplearlo de nuevo.

Facilitar el despido en tiempos de recesión aumenta el desempleo, pues el empresario se adapta a la reducción de la demanda disminuyendo su fuerza de trabajo. Esto es lo que está pasando en España. Y las políticas públicas (de clara sensibilidad neoliberal) que se están aprobando por el Estado lo están facilitando.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas Universitat Pompeu Fabra

Todos los gobiernos europeos andan de cabeza realizando ajustes y reducciones para “satisfacer” al mercado. La frase de moda es: “debemos generar confianza al mercado para que la economía vuelva a funcionar”. Pero, ¿quién genera confianza a los ciudadanos?

Estallada la crisis hace dos años, los economistas (y permitan que generalice aunque reconozco su incorrección) analizan los orígenes de la crisis, que nadie supo advertir. Las tasas de interés tan bajas resultaron buenas para la economía productiva, pero generaron que la ciudadanía, las empresas y las administraciones se endeudaran por encima de sus posibilidades; todos parecíamos ricos sin tener dinero en la hucha. Los bancos, avaros de acumular el mayor número de operaciones de préstamos, con el fin de hacer caja, ya que los márgenes que reportaban los intereses eran pocos, rebasaron todas las líneas rojas del sentido común: “los créditos subprime”. Pero, aunque no hubo indicadores económicos que alertaran de lo que se venía encima, el sentido común indicaba que algo raro pasaba. ¿Cómo era posible que se construyeran más viviendas que nunca y en cambio siguieran subiendo los precios: dónde estaba el equilibrio entre la oferta y la demanda? ¿Cómo era posible que todos (incluidas las administraciones) gastaran y gastaran a base de créditos a plazos inimaginables hipotecando de forma infinita a generaciones venideras?

Lo paradójico es que ahora todas las medidas de reducción y ajuste (que ya sé que son necesarias) deben servir para “dar confianza al mercado”, cuando lo que ha existido ha sido una burbuja inmobiliaria y financiera producto de la locura del dinero fácil; fallos de supervisión de los órganos europeos y económicos; fallos del mercado, que generó un desequilibrio entre oferta y demanda; fallos en la política monetaria, que se ha dejado en manos de instituciones sin vigilancia y con el único cometido de tener tasas de inflación bajas; y un fallo gravísimo en confiar que la propia autorregulación del mercado lo solucionaría todo, como la mano invisible que nos salvará de todas las responsabilidades.

¿Qué hemos perdido por el camino? En mi opinión, tres cosas:

1) No sólo hay una grave crisis económica, hay también una gravísima crisis de confianza en la Unión Europea, en las instituciones democráticas (desde ayuntamientos a gobiernos, hasta organizaciones representativas), y en la política. Nada descubro al advertir que quienes más “escaldados” y denostados están son los políticos.

2) No sé si ha existido la pedagogía suficiente para advertir a la ciudadanía que lo vivido ayer fue un espejismo, que no se puede volver al consumismo ilimitado, al gasto desmedido, a los préstamos sin intereses: a ser ricos sin tener dinero. Porque si, en lugar de corregir la situación, se pretende generar añoranza y nostalgia de lo “que pudo ser”, además de desconfianza, se genera frustración.

3) Mientras alimentamos al mercado, como si de un circo romano se tratara, “arrojando” recortes y recortes, ¿cuántos jirones del Estado de Bienestar nos dejaremos en el camino? El Estado de Bienestar ya forma parte de la civilización europea, será más o menos extensa en función de la tendencia política que gobierne y del compromiso de sus Estados, pero, una crisis sin precedentes como la que vivimos, puede ser una coartada perfecta para aquéllos que añoran disponer de mano de obra sin derechos como en los países emergentes tipo China, cuya economía saca cabeza sin necesidad de un gobierno democrático y de unos derechos sociales y laborales.
Los líderes europeos están seriamente preocupados, agobiados, sufriendo e intentando salir de esta situación grave. Algunos, como Zapatero, actuando con responsabilidad y firmeza, pretende realizar las medidas necesarias aún con el coste político que eso suponga, lo que es digno de felicitar. Pero, me preocupa que toda la cúpula política europea (gobernantes y oposición) toque los instrumentos que el mercado dirige, como si se tratara de un director de orquesta.

Cuando las medidas de ajuste estén tomadas, cuando estemos saliendo de la crisis, ¿nos acordaremos de poner candados para que esto no vuelva a pasar?
¿Dónde está el liderazgo político europeo capaz de poner freno y límites para que esta situación no vuelva a producirse?

Ana Noguera

A la hora de escribir estas líneas – miércoles 9 de junio – es imposible saber si, finalmente, va a haber acuerdo o desacuerdo sobre la reforma laboral. Y, por lo tanto, si los sindicatos van a convocar, como han dejado entrever, una huelga general en el caso de que la reforma se imponga por decreto y lesione derechos laborales importantes. A primeras horas del día 10 se ha sabido, sin embargo, que las negociaciones habían finalizado sin acuerdo. Y que se inicia de manera inmediata la vía del decreto – previo trámite obligatorio de consulta de su contenido con empresarios y sindicatos-, con una propuesta del Consejo de Ministros el día 16 y su aprobación en el Congreso de los Diputados el día 23. Da la impresión de que los sindicatos han realizado un último intento de llegar a un acuerdo de “limitación de daños”, que no ha sido posible. Mucho apunta a que nos encaminamos hacia la reforma laboral de la democracia más desestabilizadora para las instituciones del trabajo.

Era el desenlace más probable. No deja de ser llamativo, sin embargo, que se haya llegado a esta situación cuando, por fin, el Gobierno, a través del Ministro de Trabajo, ha dicho que iba a presentar “concreciones” sobre sus propuestas. Justo cuando se cumplía el plazo último establecido por el Gobierno para llegar a un acuerdo o, en su defecto, elevar un decreto a la aprobación del Consejo de Ministros., Ello produce enorme perplejidad. ¿Cómo se ha podido estar “negociando” tantas semanas sin saber las concretas y exactas propuestas gubernamentales? ¿No sería más lógico que cuando se han presentado, finalmente, concreciones es cuando se iniciaran las negociaciones y no cuando se procediera al cierre de éstas? ¿Las concreciones que va a presentar/ha presentado el titular de Trabajo son las mismas que, previsiblemente, tiene Economía ya elaboradas, y guardadas en el cajón por si hay que ir al decreto?

En todo caso, seguimos sin saber exactamente los términos concretos de la discusión y de las propuestas. Es imposible, en estas condiciones, saber cuáles han sido las causas concretas del desacuerdo. Pero podemos hacernos una idea de los obstáculos y condicionantes que lo hacían improbable. .De entrada porque es difícil ponerse de acuerdo en el último momento cuando, en lugar de sobre formulaciones absolutamente concretas, se ha estado debatiendo de supuestos. Me recuerda aquel chiste de Gila en el que un perspicaz sabueso preguntaba en voz alta “¿alguien ha matado a alguien?” con la intención de ver si alguien soltaba prenda. Segundo, porque dado que el Gobierno se ha comprometido a presentar una norma en el Consejo Europeo de la próxima semana, la patronal tiene el convencimiento, de que el decreto le resultará más favorable que el pacto con los sindicatos. Tercero porque es impensable un acuerdo rompiendo la sintonía intersindical.

Añadamos a esto que lo que demandan los que desde hace treinta años vienen exigiendo reformas laborales drásticas son los que mandan en los mercados, en los bancos, en las instituciones nacionales, europeas e internacionales; y todos ellos exigen una reforma que no sea descafeinada. Y, que junto a la reforma de las pensiones, se dé un tajo profundo al Estado social en Europa, creando precedentes en los países más debilitados. Cuando los mercados son la referencia, el alfa y el omega de la adopción de una medida, lo que se reclama no es una discusión objetiva, sensata, eficaz y consciente de los difíciles equilibrios que se manejan cuando se procede a una operación tan sensible como la modificación de las instituciones que regulan el trabajo. Lo que se persigue, bajo distintos argumentos y mixtificaciones, es debilitar la protección del trabajo para hacerlo más barato. Y en ese objetivo, no les vale cualquier reforma.

Finalmente, y sobre todo, los acuerdos laborales cotizan bajo en los mercados. Los mercados creen mucho más en el desacuerdo que en el acuerdo. Si no hay acuerdo, si los sindicatos no lo pueden aceptar, es señal para los mercados de que la reforma es mucho más “confiable”. Es, por otra parte, lo que ya nos sucedió durante la reforma laboral de 1994. Una reforma también realizada para calmar las exigencias de los mercados. Aunque no tengo espacio para explicarlo en toda su complejidad – incluso intrasindical – el mayor obstáculo para que entonces hubiera un acuerdo fue que al Gobierno de la época le resultaba mucho más vendible el desacuerdo a los mercados y los sectores económico-mediáticos que son su expresión.

Ante un decreto con un contenido previsiblemente nada satisfactorio globalmente, lo más probable es que los sindicatos convoquen una huelga general. Seguramente esa será una decisión compleja. No porque consideren que las medidas que se adopten por la vía parlamentaria no se la merezcan. Tampoco por cálculos políticos: no creo en absoluto en que la convocatoria o no de de una huelga general vaya a influir de forma decisiva en el resultado de las próximas elecciones, locales o generales. La decisión de ir a la huelga se tomará, más bien, porque no es posible no hacer nada sin que la desafección ciudadana que afecta a la política se extienda a los sindicatos – más allá de éxito más o menos rotundo de lo que se haga –; y porque es difícil articular una respuesta y movilizar a la ciudadanía en torno a otra alternativa que resulte más factible.

Tengo claro que los que se alegran del supuesto fracaso de la huelga de los empleados públicos o del que predicen a una huelga general se equivocan. Algunos empleados públicos pueden haber pensado que era testimonial perder un día de salario sin expectativas de poder cambiar las decisiones ya adoptadas, pero guardarán durante mucho tiempo su profundo enfado para castigar con dureza al Gobierno en cuantas citas electorales se les presenten. Además, si ante agresiones a los derechos de los trabajadores las huelgas u otras acciones que convoquen los sindicatos no obtienen resultados la conflictividad social no va a descender sino que tenderá, muy probablemente, a aumentar. Se hará más específica y localizada, más continuada, más dura y radical. Es lo que está pasando con la conflictividad social en Grecia. Si, efectivamente, “fracasan” las acciones sindicales quien se alegre por ello está seguramente realizando un análisis bastante erróneo sobre las consecuencias que de tal supuesto se pueden derivar.

Pero, sobre todo, me parece claro que el contexto en el que puede desarrollarse una huelga general tiene, actualmente, características diferentes de las que se han dado cuando se han producido las anteriores.

A lo que se enfrenta el rechazo sindical no es, con mucha probabilidad, a una medida concreta (el decreto laboral) sino a una sucesión de medidas: ahora el decreto sobre la contratación, el despido y las condiciones esenciales de trabajo (artículos 39,40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores); en una segunda fase (o quizá en la primera, si les da tiempo o ya lo tienen preparado) seguramente a una modificación de la negociación colectiva; en una tercera a la prolongación de la edad de jubilación; en una cuarta, como ya se ha anunciado, a otro paquete de medidas de ajuste. Los sindicatos se enfrentan no a un acto sino a una secuencia de desafíos, hecho que, seguramente, marcará la articulación de su estrategia de respuesta y de acción.

Un segundo rasgo es que se trata de medidas demandadas, forzadas y avaladas desde el ámbito europeo y mundial. Unas medidas que el movimiento sindical europeo considera parciales, inequitativas y hasta contraproducentes para salir de la crisis; y que, en una u otra medida, están afectando e irán extendiéndose al conjunto de la Unión Europea. Medidas que vienen, además, acompañadas por un salto cualitativo en el modelo neoliberal y por una ofensiva en contra del Estado del Bienestar y el modelo social europeo. Ambas cuestiones reclaman respuestas a nivel europeo que, sin ser en absoluto incompatibles con acciones nacionales, hagan que la política se imponga sobre los mercados y actúe en defensa de la protección social. La UE es el ámbito real desde el que se puede afrontar el desafío sistémico y de modelo de sociedad. Es la hora de la Confederación Europea de Sindicatos, a la que corresponde promover acciones a la altura de los desafíos a los que se enfrentan los trabajadores y los ciudadanos europeos: incluida la posible convocatoria de una huelga general europea.

En la Unión Europea se han abierto, a partir de esta crisis sistémica, dos grandes melones: el futuro del modelo social europeo y el futuro de la propia construcción europea. Lo que plantea a las fuerzas de izquierda (a los sindicatos, pero también, y sobre todo, a los partidos políticos que están demostrando una enorme incapacidad para articular políticas alternativas en el ámbito europeo y mundial) una batalla esencialmente ideológica y política. Una batalla de largo alcance con estrategias globales y sostenidas en el tiempo. De nuevo la izquierda se va a tener que enfrentar a la lucha por un modelo de sociedad, en el que las urgencias son la lucha por la igualdad y el desarrollo sostenible.

En el ámbito nacional, por otra parte, las organizaciones sindicales se enfrentan al consenso de fondo de la inmensa mayoría del arco parlamentario (como ya les sucedió en la huelga general de 1994). Un consenso que sólo puede encontrar fisuras por razones de oportunismo político electoral, por considerar torpes algunas medidas (como la congelación de las pensiones) o por entender que las medidas son insuficientemente duras. Dicho en otras palabras: tienen en contra a todos los medios de comunicación y nadie, salvo Izquierda Unida y algún otro pequeño grupo de izquierdas, va a apoyarles.

Entiendo, sin embargo, que la capacidad de las movilizaciones o huelgas sindicales para deslegitimar o desgastar al Gobierno es menor que en otras ocasiones. Sobre todo porque la desafección y el desgaste político ya lo están sufriendo, tanto el Gobierno como la oposición, por la orientación e inequidad de las medidas de ajuste – cuya esencia ha reclamado el 95% del Parlamento, aunque luego unos se hayan abstenido y otros hayan votado en contra – y por la impotencia de la política frente a los dictados de los mercados. La huelga general, o cualquier otra medida que se ponga en marcha, añadirá poco a ese desgaste electoral ya muy asentado. Aunque puede ahondar el desconcierto y malestar en el Partido Socialista que aún no ha olvidado como terminaron su anterior periodo de gobierno a mediados de los noventa.

¿Sería, por tanto, inútil una huelga general? No lo creo. No tanto para revertir – inevitablemente a toro pasado ya que explicar, sensibilizar y movilizar a partir de las medidas que se adopten en el campo laboral lleva mucho más tiempo que el que van a tardar en consolidarse legalmente – las medidas que se aprueben, como para evitar otras que pueden producirse escalonadamente (referidas a la negociación colectiva o a las pensiones). Doy por supuesto que, en todo caso, una acción de este tipo estaría entroncada con las acciones ya previstas, o con las que se puedan convocar, en el ámbito europeo. Y, especialmente, me parece muy importante el “relato”, las explicaciones y el horizonte, que marquen las acciones que se decidan. Hay que explicar la inequidad de las medidas de ajuste. Es necesario exponer las consecuencias de las medidas que se adopten en relación con el mercado de trabajo o las que puedan tratar de aprobarse sobre la negociación colectiva y cómo estas pueden ir exactamente en la dirección contraria de los problemas de nuestro mercado laboral y de lo que necesita desde hace treinta años la economía española. Debe insistirse en la necesidad de un debate nacional respecto al futuro de las pensiones. Reclamar medidas de relanzamiento económico y de creación de empleo, vinculadas a un cambio del modelo productivo. Sobre todo, hay que recordar la urgencia de que la UE sea algo más que un mercado y una moneda (unos espléndidos juguetes en manos de los mercados financieros, pero absolutamente insuficientes para los ciudadanos), defender el modelo social europeo y exigir un cambio radical en el capitalismo de casino. Y dar a los trabajadores y a la ciudadanía perspectivas de futuro, de acción y de esperanza, frente a la desafección, el miedo y el repliegue a “soluciones” ultraderechistas que avanza en Europa.

Es posible que ello requiera también una interpretación propia de lo que supone el “éxito” – en la actual constelación de fuerzas todas van a ser catalogadas de fracaso – de una acción sindical, movilización o huelga general. Los sindicatos pueden establecer sus propios términos de referencia. La huelga general de 1988 se catalogó al principio como un fracaso. Pero se retiró el “plan de empleo juvenil” y, un año después, se negociaron y firmaron los pactos “Gobierno-sindicatos” que incluían grandes conquistas sociales. La huelga de 1994, pese a su gran extensión, no consiguió muchos resultados a corto plazo y, de hecho, no modificó aquella reforma laboral. Pero abrió la vía a 8 años de acuerdos y de ausencia de agresiones gubernamentales en el ámbito laboral. La huelga de 2002, frente al “decretazo” de Aznar, se consideró un éxito. De hecho, los sindicatos lograron que el Gobierno retirara 6 de las 7 medidas propuestas (aunque luego se demostró que la séptima era una bomba de efecto retardado, con la supresión de los salarios de tramitación y la instauración de los “despidos exprés”). Y, probablemente, con el apoyo del PSOE a la huelga, decidido a última hora, comenzó Zapatero a cimentar las bases de su victoria en 2004. El “éxito” y el “fracaso” está muy condicionado por los intereses de los poderes fácticos y, en realidad, sólo se puede hacer un balance objetivo de los resultados logrados, directos e indirectos, al cabo del tiempo. Para los sindicatos lo importante es que los trabajadores entiendan y compartan las razones, los objetivos concretos y las perspectivas a los que les convocan.

José María Zufiaur

Hay un consenso total entre los poderes financieros, la gran patronal y los economistas y políticos liberales que se transmite constantemente a los medios de comunicación sobre la necesidad de realizar una reforma del mercado laboral.

También lo hay sobre los contenidos que debería tener esa reforma. Básicamente, el abaratamiento del despido, la descentralización de la negociación colectiva, la flexibilización de los modos de contratación y ahora con menos énfasis, la disminución de costes laborales como los asociados a las cotizaciones sociales.

Sin embargo, es verdaderamente sorprendente que no haya coincidencia sobre los objetivos que pretende la reforma. Es como si un grupos de médicos se pusiera de acuerdo sobre la medicina que debería tomar un paciente pero cada uno de ellos dijera que así se iba a resolver una enfermedad distinta. ¿No nos haría eso sospechar de sus conocimientos o de sus intenciones?

La mayoría de quienes defienden la reforma suelen coincidir en que es imprescindible llevarla a cabo para hacer frente a la crisis y al desempleo tan preocupante que se produce en nuestra economía. Pero el acuerdo no va más allá.

Los economistas del Grupo de los 100 que forman parte de la autocalificada “elite” de la profesión, como hicieron el pasado miércoles en el informativo del programa 24 Horas de TVE Bentolila y Santos, afirman que dichas propuestas se realizan para crear empleo, tal y como ha afirmado también el propio presidente de gobierno. Pero hasta dirigentes de la patronal, personalidades tan expertas como Felipe González y otros economistas liberales más sinceros y rigurosos reconocen, por el contrario, que las refomas de este tipo no lo crean y que, si acaso, permitirán que el que se cree sea mejor cuando se empiece a generar.

Me parece que esas contradicciones no son fruto de la casualidad.
Lo que ocurre sencillamente es que las propuestas que se están haciendo de reforma laboral se basan en una serie de falsedades que de tanto oír se dan por buenas y en un abanico de prejuicios ideológicos que se difunden sin cesar para disimulan lo que de verdad se busca con la reforma laboral.

La primera falsedad es que la reforma laboral sea necesaria para hacer frente a la crisis y más concretamente para acabar con el paro que ésta ha provocado. Es falso porque el desempleo que hoy día se registra en nuestra economía no es el resultado de la legislación laboral, de los costes de despido imperantes (cuando se han perdido casi dos millones de puestos de trabajo sin mayores dificultades por parte de las empresas) o de las rigideces de la negociación colectiva. Es bastante evidente que se han perdido tantos puestos de trabajo como consecuencia de la crisis financiera que ha provocado la irresponsable actuación de la banca y que ha dejado sin financiación a miles de empresas, del estallido de la burbuja inmobiliaria, de la desconfianza empresarial que todo ello ha originado y, quizá como fenómeno añadido, de un incremento anómalo (aunque no por ello indeseable) de la población activa arrastrado por el propio crecimiento del empleo de años anteriores.

Por tanto, para hacer frente a la crisis lo necesario no es la reforma laboral, como se viene diciendo, sino dar soluciones a estos problemas que la originaron en última instancia y de los que apenas se habla, y mucho menos cuando de la banca y del aseguramiento de la financiación se trata.

Otra falsedad es la que deriva de afirmar que se podrá garantizar ahora o más tarde mayor volumen de empleo o de mejor calidad simplemente actuando sobre el mercado de trabajo. Se trata de una tesis liberal que la evidencia empírica ha demostrado en innumerables ocasiones que es falsa, o cuanto menos insuficiente, porque la creación de empleo no depende simplemente de las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo sino de lo que pase en el mercado de bienes.

Lo que puede ofrecer una reforma como esta es lo mismo que produjeron las anteriores, en España y en todos los países en las que se han llevado a cabo: mano de obra más barata y más dócil, puestos de trabajo más precarios y mejores facilidades para obtener beneficios a costa de producir menos y peor, pero nunca un incremento en el nivel de empleo por sí misma. Lo que crea empleo general es la demanda global del conjunto de la economía y no la demanda de trabajo de cada empresa: por muy barato que sea el despido, o por muy buenas condiciones de negociación que tenga un empresario, o por muy atractivo que sea el modelo de contratación, los empresarios no contratarán empleo si no tienen expectativas de obtener beneficios y eso dependerá principalmente de su volumen de ventas, de las condiciones imperantes en el mercado y de su estructura general de costes que generalmente tiene más que ver con factores relativos al entorno general de la empresa que con el montante particular de sus costes laborales.

Es una falsedad también decir que se puede combatir la dualidad en el mercado de trabajo (un problema que efectivamente habría que resolver en nuestro mercado laboral) incorporando nuevas formas de contrato y concretamente un tipo único.

Es una falsedad porque se soslayan las razones que han dado lugar a esa dualidad y que fundamentalmente tienen que ver con el modelo productivo y de creación de actividad que han impuesto las grandes empresas con gran poder de mercado a las demás, y no con los modelos de contrato: la externalización abusiva, la subcontratación generalizada, el deterioro del empleos generado por las administraciones públicas como consecuencia de la escasez de gasto público para financiar la creación del capital social, la conversión en autónoma de buena parte de la población trabajadora asalariada…

También es falso y no cuenta con evidencia empírica que pueda justificarlo afirmar que se va a crear más empleo o de mejor calidad abaratando el despido o flexibilizando la contratación. Es justamente lo contrario lo que ha ocurrido después de las reformas anteriores (algo que los liberales reconocen pero que justifican diciendo que no fueron tan lejos como debieran). Lo que ha venido después de todas ellas ha sido el aumento de la temporalidad y de la rotación de los contratos (hasta 13 millones en el pasado año) y nunca aumentos en la calidad del empleo o incluso de su volumen con independencia de las condiciones generales de la economía.

Y tampoco es exactamente cierto decir que el mercado laboral español es rígido, o más que otros países de la Unión Europea, cuando hemos podido comprobar que las empresas han podido realizar ajustes de todo tipo y recurrir a prácticamente cualquier tipo de contrato en estos años y a despedir sin problema a la mano de obra que no podían asumir cuando la crisis bancaria ha destrozado la actividad económica. Como tampoco lo es que los salarios españoles sean excesivamente altos y limiten nuestra competitividad.

El problema del empleo en España no está en el mercado de trabajo. Está en el modelo de crecimiento, en el predominio de un tipo de actividad de bajo valor añadido y dependiente, en el tamaño tan reducido de las empresas como consecuencia del tipo de redes interempresas que han impuesto las grandes, en la escasez de capital social que pueda dinamizar la innovación y que permita competir por una vía diferente a la de abaratar la mano de obra, en la gran oligopolización de los mercados, en el excesivo poder político de la banca que le permite imponer condiciones favorables a sus beneficios pero letales para la creación de riqueza productiva, entre otros factores. Y el problema radica, sobre todo, en que los grandes capitales obtienen tantos beneficios en las épocas de crecimiento intensivo a base de este modelo que les compensa soportar las fases recesivas sin modificarlo porque no es sobre ellos sobre quien recaen sus costes e inconvenientes. Sobre todo cuando ocurre como ahora, que esas grandes empresas o los bancos que han acumulado cientos de miles de millones de beneficios en los últimos años gracias a este modo de actuar no tienen dificultades para imponer nuevas medidas que permitan reforzarlo para volver a las andadas.

En resumen, la reforma laboral que la gran patronal y la banca están reclamando al gobierno no responde a las causas que han provocado la crisis y el desempleo, no va a lograr crear más puestos de trabajo, no acabará con la dualidad entre empleos indefinidos y temporales, no elevará la productividad ni mejorará la competitividad de nuestras empresas, salvo las de aquellas que solo la buscan abaratando la mano de obra.

Su función no responden a las mentiras que nos cuentan. Como escribía Joaquín Estefanía recientemente es “la de señal o emblema de que en España se practica una política económica ortodoxa de gran austeridad” (El País, 6-6-2010). Y desde hace mucho tiempo sabemos que lo único que busca esa política no es otra cosa que crear mejores condiciones para que los poderosos ganen más dinero todavía.

Juan Torres

Si alguna consideración de fondo cabe extraer de la jornada del 8 de junio, el día en el que las centrales sindicales apostaron por la convocatoria de una huelga general en la Función Pública como protesta a la reducción de las retribuciones, no debe ser la medición de las cifras que se ofrecen como balance del mayor o menor éxito de la convocatoria, sino la percepción de una profunda campaña de desprestigio que viene alentándose desde extensos sectores de la derecha española contra los sindicatos de clase.

Sobre la oportunidad de la huelga y las variadas razones que hayan podido concurrir en la abstención de muchos de los convocados al paro, hasta el punto de que los medios de comunicación, con práctica unanimidad, hayan descrito el resultado como un fracaso, no vale la pena añadir ni una línea a estas alturas. Todo está dicho, y no siempre desde la objetividad en la información y en el análisis, más bien con un indisimulado entusiasmo por parte de quienes, paradójicamente, venían aportando munición al argumentario de la protesta. El 8 de junio, hay que proclamarlo con claridad, el partido popular volvió a sentirse un feliz espectador –la gran aportación de Rajoy a la praxis política-de un duelo que enfrentaba a sus dos enemigos: el gobierno y los sindicatos. De una parte se le daba hecho el trabajo de que se hiciera visible el natural descontento de un colectivo abocado a pagar su cuota en las medidas contra la crisis y, simultáneamente, sus aliados enfilaban todas sus baterías contra unas organizaciones de trabajadores a las que presupone, supongo que con razón, que no participan en su proyecto político.

Los mismos que llevan muchos meses azuzando a los sindicatos para que salieran a la calle mientras el gobierno no hacía caso a sus admoniciones de que no mantuviera el gasto social y extendiera la protección a los parados, recriminan y ridiculizan ahora el comportamiento de UGT y Comisiones. Nada sorprendente, por otra parte, cuando a la hora de formular propuestas de austeridad una de las primeras medidas que propugnan es retirar la aportación económica del Estado a las organizaciones sindicales a las que no se contienen a la hora de calificarlas como un nido de “paniaguados” y “liberados ociosos” No exagero: es la tesis que se alienta con entusiasmo, como ejemplo que tengo más próximo, desde los altavoces mediáticos de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Para un socialista es siempre doloroso asistir a una confrontación con los sindicatos de clase, pero aun cuando se ha llegado- y no es la primera vez-al dramatismo de una huelga general, algo en lo profundo de la conciencia política ha permitido distinguir entre la discrepancia ante decisiones concretas de gobierno y la descalificación genérica de la otra parte. En la crisis actual no he escuchado desde las filas socialistas sino palabras de respeto hacia la decisión de los sindicatos, y en el discurso sindical he apreciado siempre la voluntad de llegar al límite en las negociaciones, ningún entusiasmo por emplear el último recurso, la huelga general.

Al futuro de España, desde una perspectiva de izquierda, no le conviene un gobierno débil ni unos sindicatos testimoniales, incapaces de articular las demandas de los trabajadores. Es exactamente lo que persiguen quienes aspiran a hacerse con las riendas del país para administrarlo como una propiedad privada, como una corporación que fabrica sus propios sindicatos de empresa. Van contra el gobierno, pero también contra los sindicatos. El 8 de junio empezaron a soñar con lograr abatir las dos piezas. Desde el puesto de “ojeo” y sin gastar pólvora.

Eduardo Sotillos

En un contexto de crisis sistémica y pánico generalizado en el mundo occidental, buena parte de los países desarrollados han preferido plegarse a los designios de los mercados financieros. En este contexto todo el espectro ideológico, auspiciado por el FMI, ha optado por reducir el gasto, disminuir los salarios y parar la inversión pública. Los efectos a medio y largo plazo van a ser los ya conocidos, es decir deflación y caída del crecimiento potencial en Europa. Estas recetas, las mismas desde los años 80, las preconizan todos los organismos que han sido incapaces de prever esta crisis, aquellos que sólo piden el ajuste salarial para los demás y los que prefieren socializar la pobreza y huir de un mundo más equitativo. En el caso español, la situación ha sido, si cabe, más grave. Por un lado, el incipiente Estado del Bienestar, se ha forjado sin modificar apenas la fiscalidad, sin tener realmente un modelo claro de actuación y sin involucrar realmente a la sociedad.

La profunda transformación administrativa no ha ido acompañada de un cambio en el discurso político, ni en la formación política, pero sobre todo no se ha sabido inculcar la idea del esfuerzo fiscal para sufragar el gasto público y los derechos adquiridos por los ciudadanos.

El primer gran error cometido por la socialdemocracia española ha sido anteponer siempre libertad económica a equidad social. El análisis de la distribución de renta desde los años 80 muestra cómo se ha producido un progresivo deterioro de los indicadores de concentración, tipo Índice de Gini, que muestran una progresiva concentración de los ingresos tributarios en las rentas medias y bajas, justificándolo con el esfuerzo en materia de gasto que ha supuesto la universalización de la sanidad, de la educación y servicios sociales. Un ejemplo palmario de dejadez en materia de equidad son los conciertos educativos que están segregando a la población española alejándonos de las mejores prácticas y creando ghetos educativos que provocarán que buena parte de la población española deje de ser empleable en un futuro no muy lejano. Esto es grave especialmente en jóvenes y mujeres, pero también en población mayor de 50 años que ahora sufre esta disfunción del sistema educativo, especialmente en las poblaciones del Sur de España y del litoral mediterráneo y las islas Baleares.

Esta falta de equidad en el diseño fiscal es particularmente llamativa en el caso de la vivienda. La desgravación fiscal es particularmente regresiva y ha provocado un incremento de precios sin parangón, lo que ha contribuido a vaciar progresivamente las arcas fiscales. A pesar de que la actividad inmobiliaria ha generado muchos ingresos fiscales, la distribución sectorial del crecimiento ha posibilitado que la sensibilidad de los ingresos públicos ante la evolución del ciclo económico sea muy elevada, lo cual condiciona la financiación de las políticas públicas en el largo plazo. Otros países han diseñado sistemas fiscales menos elásticos al ciclo económico, lo cual les permite amortiguar mejor las ondas del ciclo. Esto se ha traducido en una profunda desfiscalización, lo que ha permitido a amplias capas de la población, y a una parte de las rentas, no tributar. Llo cual, al margen de la pérdida de equidad fiscal, ha provocado una insuficiencia recaudadora, que está castigando la inversión pública y el sostenimiento del Estado del Bienestar.

Ante esta dificultad de generar ingresos, todo el ajuste está viniendo por parte de los gastos, y especialmente la inversión pública. Si algo tiene la inversión pública es que tiene un efecto multiplicador sobre la actividad y sobre la recaudación fiscal muy elevado. Es cierto que la inversión pública, especialmente infraestructuras, también tiene un componente esencial que es la elección, la localización y el uso, pues sobreactuar en este campo provoca ineficiencias que pueden conducir a una reducción incluso de la productividad económica, pero también social. Por estas razones, parece un grave error económico, pero también político, cargar todo el ajuste sobre la inversión pública. La comunicación terrestre y ferroviaria en forma de malla, la supresión de barreras al comercio de mercancías y de personas, sobre la base de desplazamientos largos y costosos, sin duda son elementos que no se pueden parar. La conexión marítima y ferroviaria también es otro elemento esencial en la cohesión social y en la dinamización económica. Más grave, si cabe, es paralizar inversiones ya en marcha, pues al perjuicio económico se añade el riesgo financiero que eso conlleva para muchas empresas constructoras y para la banca que en muchos casos ha anticipado flujos de caja esperados o renegociado la deuda sobre la base de una inversión ya en marcha.

La insuficiencia recaudatoria, el parón en la obra pública y la reducción de rentas de forma generalizada, únicamente nos puede llevar a una deflación y a la reducción del crecimiento potencial, lo cual implica que tardaremos mucho más en salir de la crisis económica actual.

En conclusión, la falta de equidad económica y social, la desfiscalización progresiva, la renuncia a la redistribución de la renta, el parón de la inversión pública, y por supuesto la ausencia de una gobernanza económica y política sólida, a nivel europeo y mundial, son frenos que no permitirán una recuperación rápida y sostenida.

Juan Laborda

En suma, han hecho, como suele ser habitual en este tipo de informes, de voceros del Banco de España y de otros centros de presión económica, en este caso españoles, y han repetido la doctrina que acostumbran: hay que rebajar el precio del despido, limitar la negociación “colectiva” al ámbito de las empresas, eliminar las cláusulas de revisión salarial y recortar, por las vías que sean, el nivel de las pensiones públicas. Es la receta permanente y universal del FMI. Cuando el Sr. Camdessus fue Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre 1987 y 2000, mostró la solidez y profundidad de sus postulados cuando, por ejemplo, en visita a Haití, afirmó que uno de los principales problemas de aquel país consistía en el excesivo peso del Estado. Su sucesor (tras el período de Köller, entre 2000 y 2004), Rodrigo Rato, llegó un día en misión a Santiago de Chile y, nada más descender del avión, pontificó que uno de los principales problemas que aquejaban a aquel país era un sistema laboral demasiado rígido. ¡Precisamente un país en el que no se permiten sindicatos en establecimientos de menos de 25 trabajadores, donde se puede recurrir a esquiroles en caso de huelga, donde sólo un 7% de los trabajadores están cubiertos por convenios colectivos, en el que muchos convenios básicos de la OIT no están ratificados y las jornadas laborales son decimonónicas!

Quizá sea por exceso de voluntarismo e ingenuidad pero espero y creo que los socialistas franceses y sus votantes no irán a elegir, en el proceso de primarias para nominar al candidato a la Presidencia de la República, a Dominique Straus-Kahn, actual Director Gerente del FMI y “barón” del Partido Socialista Francés, para tal elección. Hacerlo, tras las políticas que está apadrinando – después de una primera etapa post-crisis en la que empleó un lenguaje algo diferente –, en la línea más clásica de la institución que dirige, impediría el reagrupamiento de la izquierda francesa y acabaría con las posibilidades que ésta pueda tener de ganar las próximas elecciones presidenciales.

La aplicación de las propuestas que acaba de hacer el FMI para España supondría un ataque sin precedentes al derecho del trabajo y a las relaciones laborales. No sólo porque se quiere equiparar el coste del despido por causas objetivas al despido improcedente sino, sobre todo, porque – en la línea del documento del grupo de los 100 economistas y del contrato único que defienden – lo fundamental es que se quiere eliminar del sistema, salvo en algún supuesto de discriminación, la tutela judicial. Tan grave o más que ello es la propuesta de reducir la negociación al ámbito de las empresas. Ello supondría, en la práctica, la eliminación, de facto, de la negociación colectiva, en un país en el que la media de las plantillas de las empresas es de siete trabajadores. También proponen la eliminación de la llamada “indiciación” de los salarios (que no es tal, pues la inclusión de la cláusula de revisión salarial en los convenios, en el caso de que la inflación prevista supere a la real, poco tiene que ver con la denominada scala mobile imperante en Italia a finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado). Con ello se acabaría con uno de los pilares del diálogo social en España, que ha sido factor central de la lucha contra la inflación en nuestro país. Eliminar las cláusulas de revisión salarial en los convenios laborales nos retrotraería al esquema de negociación sindical anterior a los Pactos de la Moncloa. Hasta entonces y, especialmente, hasta el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) de 1980, las reivindicaciones salariales de las organizaciones sindicales se construían sumando a la inflación pasada la previsión de los aumentos de la productividad.

En lo que hace a la propuesta de prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años, remito a los lectores a los argumentos que ya he expuesto en artículos anteriores en esta columna

El objetivo de esta propuesta ultraliberal no es otro que el de reducir aún más nuestro Estado de Bienestar. Se ataca para ello a sus dos pilares fundamentales: el derecho del trabajo y las protecciones sociales vinculadas al trabajo. Es evidente que con ello no se creará empleo ni se asegurarán las pensiones. De hecho, ninguno de los que lo propone estaría dispuesto a cuantificar ante notario el empleo que se supone va a crearse con las medidas que propugnan. Ni a rendir cuentas, al cabo de la próxima crisis, sobre si las medidas que plantean acabarán con la volatilidad, precariedad y bajos niveles salariales de nuestro mercado de trabajo. Las medidas que apoya el FMI sobre el sistema de jubilación tampoco van a asegurar las pensiones: sólo aseguran que las pensiones futuras van a tener una tasa de sustitución respecto al último salario bastante más baja. O sea, que serán paupérrimas.

Ni siquiera tales recetas van a evitar que los mercados sigan teniendo a nuestro país en el punto de mira: el problema, a ese respecto, no son ni la regulación laboral ni el coste de las pensiones. El problema es que, a finales de 2007, la deuda privada española representaba el 317% del PIB. Y que los esfuerzos para reducirla se están traduciendo en sobre-capacidad de producción, reducción de las inversiones de las empresas, aumento del paro, reducción de los salarios, aumento del ahorro y reducción del consumo. Tendencias que pueden acentuarse con las medidas de ajuste que se están poniendo en práctica, sin que ninguna expectativa de que un fuerte crecimiento de las exportaciones pueda compensar la atonía de la demanda interna. No parece que la consolidación de las finanzas públicas vaya a ser muy probable, ni tampoco el retorno al crecimiento, una condición esencial para crear empleo, reducir el déficit y amortizar la deuda.

Los ataques de los mercados y los imperativos categóricos del FMI nos muestran hasta qué punto el neoliberalismo ha impuesto sus postulados y la impotencia, de hecho, con la que actúa la política frente a los dictados del mercado y de las instituciones que les dan respaldo. Uno de los padres fundadores del fundamentalismo económico contemporáneo, Friedrich Hayek, ya señalaba que si los derechos económicos y sociales consagrados en los textos emblemáticos de un nuevo orden mundial, tras la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado – la Declaración de Filadelfia, de 1944, y la Declaración Universal de 1948 – “se convierten en normas obligatorias acabarán con el orden de libertad al que tienden los derechos civiles tradicionales”. Crítico virulento de la obra normativa surgida de la posguerra, Hayek le reprochaba, sobre todo, el haber establecido “una democracia ilimitada” que extendía sus dominios sobre las cuestiones económicas. Añadía que “una vez que demos licencia a los políticos para intervenir en el orden espontáneo del mercado, ellos desencadenarán un proceso acumulativo cuya lógica intrínseca conducirá inevitablemente a la dominación creciente de la política sobre la economía”. Este ha sido el primer objetivo de la revolución ultraliberal: colocar el “orden espontáneo del mercado” fuera del alcance del poder de las urnas, sustrayendo de la esfera política el objetivo del pleno empleo, el reparto de la riqueza y la política monetaria. De tales polvos han crecido los lodos que estamos padeciendo. ¿Qué consecuencias para la democracia está teniendo y puede llegar a tener este ninguneo de la política?

José María Zufiaur

El Fondo Monetario Internacional tomó de nuevo las riendas hace meses y se dispone a seguir imponiendo doctrina, ahora con la excusa de que las medidas que propone son las imprescindibles para salir de la crisis y del problema de deuda que ésta ha provocado.

Los economistas del Fondo que han venido a dictar sentencia a España, como hacen en tantos otros países, son los que predican austeridad a quienes ganan unos cientos de euros mientras ellos se fijan a sí mismos sueldos multimillonarios, los que exigen recortes de gasto a los gobiernos desde hoteles de cinco estrellas y limusinas que pagamos los contribuyentes. Los que se declaran políticamente neutrales pero tratan con favor a los dictadores y alteran sin rubor las decisiones democráticas que toman los poderes representativos.

El Fondo es la institución que reclama buen gobierno a los Estados pero que actúa con una opacidad absoluta y sin control alguno, la que dice defender la libertad pero tiene internamente un funcionamiento completamente antidemocrático. La que reclama rigor y acierto a los gobiernos pero que nunca ha realizado una autocrítica efectiva ni evaluado seriamente sus múltiples y fatales equivocaciones.

El Fondo Monetario que ahora dice a España lo que tiene que hacer es una institución doctrinaria que aplica siempre un mismo credo sea cual sea la circunstancia o el país que analiza: recorte de gastos públicos, privatizaciones, liberalización de servicios, desregulación financiera, libertad de movimiento para los capitales, apertura de puertas al capital extranjero… siempre lo mismo, siempre el viejo credo liberal, sea cual sea la gravedad de los problemas que origina su aplicación.

Pero el problema más grave del Fondo no es ni siquiera que sea doctrinaria sino que es una institución incompetente. Sus economistas fallan constantemente y de forma estrepitosa. Sus prejuicios ideológicos no les permiten contemplar y analizar correctamente la realidad, se equivocan en los diagnósticos, no saben hacer predicciones adecuadas y, lógicamente, nunca logran conseguir los objetivos que se proponen cuando actúan (salvo, eso sí, el de dar vía libre a los poderosos).

Podrían traerse a colación docenas de ejemplos de errores y fallos garrafales en sus informes y de previsiones completamente equivocadas, más propias de aficionados que de auténticos profesionales.

Valga como una simple muestra el despiste colosal que manifestaban tener los economistas del FMI sobre la situación de la economía mundial en abril de 2007, cuando ya otros muchos, más inteligentes y mejor preparados, o simplemente más honestos, habían advertido lo que estaba pasando. Decía entonces el Fondo en “Perspectivas de la Economía Mundial” (página XII): “los riesgos para la economía mundial disminuyeron desde la edición de septiembre de 2006 (…) lo que nos parece más probable es que el vigoroso crecimiento mundial perdure (…) comparando los datos actuales con los de septiembre, (2006) no hay tantas razones para preocuparse por la economía mundial (…) la economía estadounidense se mantiene firme en general”. O también el error de diagnóstico sobre lo que podría ocurrir en nuestro país cuando en marzo de 2009 decía que el déficit público español sería del 6% en 2009 y 2010, justo la mitad del efectivamente registrado.

Con semejante carencia de ojo clínico, es normal que el Fondo Monetario Internacional no logre nunca conseguir lo que se propone, ni siquiera en términos de tasas de crecimiento y mucho menos de estabilidad macroeconómica y financiera. La evidencia empírica indiscutible es que en la época en que se vienen aplicando las políticas que recomienda el Fondo Monetario Internacional, desde los primeros años ochenta, el crecimiento de las economías (mucho más si no se considera el de China y otras naciones que no siguen sus políticas) ha sido mucho más bajo que en las etapas (o en los países) en que no se han aplicado. Y un trabajo reciente ha demostrado que ha habido más crisis cuando han predominado las políticas liberales que propugna el FMI, en los años treinta y a partir de los ochenta del siglo XX, y que hay una gran correlación entre la mayor movilidad del capital (otros de los principios políticos del Fondo) y las crisis bancarias. (Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, “Banking Crises: An EqualOpportunity Menace”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 14587, 2008).

Los poderes financieros internacionales se benefician de las políticas del Fondo no porque sean eficaces para lo que dicen buscar (crecimiento, empleo, estabilidad…) sino porque son las que les proporcionan las mejores condiciones para aumentar sus beneficios. Y eso lo pueden conseguir porque el Fondo nunca evalúa el impacto social o sobre la desigualdad y la pobreza que tienen sus políticas, como él mismo ha reconocido (IMF, “Poverty and Social Impact Analysis in PRGF- Supported Programmes”, Washington, 2002), porque es completamente ajeno y ciego respecto a cualquier asunto relativo al bienestar social o al cuidado del medio ambiente.

Y es esta institución de economistas bastante incompetentes la que ahora viene a España a decir qué debe hacer un gobierno legítimo elegido por los ciudadanos para hacer frente a una crisis que ha provocado la banca internacional.

Sus tres propuestas principales son exactamente las mismas que hacen la patronal, la banca, el Banco de España y los economistas que están a su servicio.
La primera es la privatización progresiva de las cajas de ahorro.

El FMI no dice nada de la banca española, se calla para ocultar que su situación es exactamente igual que la de las cajas. No reclama transparencia, no hace ni dice nada para obligar a que la banca sea lo que debiera ser: la fuente de financiación de la actividad económica. Nada propone para que las empresas y las familias vuelvan a tener el crédito que se necesita para recuperar la actividad.

La banca es quien ha quebrado y la que ha provocado la crisis y lo que el FMI propone es que como premio se les entreguen las cajas de ahorro.

Es difícil imaginar una bellaquería más grande. Con mucha palabrería pero sin destapar la situación de la banca, lo único que busca el FMI es poner las cajas de ahorros en la bandeja del capital privado para que así se recupere una banca quebrada, aprovechando el mercado que dejarían las cajas y adquiriendo sus activos, como en tantas otras ocasiones, a precio de saldo.

La segunda propuesta del Fondo es ya conocida, la reducción del gasto público. He explicado en otros textos que en una coyuntura recesiva eso solo puede conducir a la depresión y a hundir aún más a nuestra economía. Es lo que ha ocurrido en muchísimas otras ocasiones y en otros países cuando se ha actuado así.

Como acaba de señalar el Premio Nobel Joseph Stiglitz, “la austeridad lleva al desastre” (Le Monde, 22.05.2010), y ahí es donde nos quiere llevar el FMI para que los bancos y las grandes empresas ganen más dinero todavía.

La tercera propuesta es la reforma laboral “radical y urgente” en la línea que solicita la patronal y que principalmente se basa en reducir la capacidad de negociación de los trabajadores mediante la descentralización de la negociación colectiva y el establecimiento de nuevos tipos de contrato.

Decir que se puede resolver el problema del empleo flexibilizando el mercado laboral al mismo tiempo que, como acabo de señalar, se deprime la actividad debilitando la demanda efectiva es sencillamente una mentira gigante y grotesca. De esa manera es imposible que las empresas (sobre todo medianas y pequeñas) creen puestos de trabajo. Solo se consigue que ganen más las muy grandes que tienen demanda cautiva gracias a su poder sobre el mercado, que es lo que se trata de salvar.

En definitiva, el Fondo Monetario miente cuando presenta sus propuestas para la economía española porque no dice lo que de verdad pretende; oculta los efectos reales que tendrán las políticas que propone; y, para colmo, no permite el debate social sobre ellas sino que se limita a imponerlas porque su incompetencia le impide argumentarlas científica y rigurosamente.

Juan Torres

Dos amigos que iban por la selva se toparon repentinamente con un león ; dispuesto el félido a saltar para devorarlos, uno de ellos comenzó a correr apresuradamente. “No corras” –le dijo su amigo desamparado-, “de nada te va a servir huir porque nunca podremos ser más veloces que esta fiera”. El primero, sin detenerse, gritaba en su huída : -“No corro para ser más veloz que el león, sino para hacerlo más deprisa que tú”.

El pasado lunes, tres de mayo, expliqué en la Ejecutiva de mi partido, que dado que ese día el mercado más especulativo del mundo, Londres, estaba cerrado, sería el martes cuando comenzarían los feroces ataques contra la Deuda Soberana de España. Tengo a bien conocer a media docena de operadores de la city y no dudé en advertir, teniendo tan segura fuente, delante de dos ministras del Reino de España, que al día siguiente algunos iban a aprovecharse y abrir posiciones cortas.

Posición corta

¿Qué es una posición corta? Todos estamos acostumbrados a entender que se puede comprar una cosa por 10, venderla por 14 y por lo tanto ganar 4. Una posición corta o emitir órdenes de venta es al revés : firmar un contrato en el que se vende algo por 10 para luego comprarlo por 6 y por lo tanto ganar 4.

Los especuladores, a la cárcel

En el caso que aquí nos ocupa en relación a lo que sucedió el pasado martes, cuatro de mayo, voy a ser bien clarito: alguien tiene que acabar en la cárcel y no es nada difícil localizar quien es el ganzúa. Yo ya tengo tres o cuatro nombres en la cabeza y les voy a contar la forma que este humilde economista tiene de localizarlos: hay que poner bajo investigación a todos aquellos que abrieron fuertes posiciones cortas antes de que se disparase un rumor tan falso como absurdo sobre la Deuda soberana de España.

Hechos y rumores malintencionados

Los hechos se produjeron de la siguiente manera. Primero, un grupo de inversión abrió numerosas posiciones cortas u órdenes de venta sobre la Deuda Pública española. Segundo, ese mismo grupo lanzó el rumor de que España había pedido ayuda para su Deuda Pública, concretamente un rescate, ¡un rescate!, a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional por valor de 286.000 millones de euros: no cabía mayor y falso disparate ; comenzó a producirse el pánico y por lo tanto a forrarse aquellos que tenían posiciones cortas, es decir, el grupo que anteriormente había emitido tan numerosas órdenes de venta y tan burdo rumor. Tercero, apareció el tonto útil, el imbécil de turno, un anormal de serie, ese político alemán que sugirió que la mitad de los países de la zona euro tenían que hacer una declaración ordenada de insolvencia, precipitando aún más las órdenes de venta. Cuarto, Moody´s declaró, a su vez, que la crisis no terminaría en Grecia. Y quinto, alguien –posiblemente el primero que he citado-, lanzó el segundo rumor de que la agencia de calificación Fitch iba a rebajar la calificación de España.

Todo mentira

Pues bien, ni España necesita rescate, ni Fitch ha rebajado la calificación de nuestra Deuda, sin embargo, por el camino, alguien se ha forrado. Literalmente forrado. Es menester abrir una investigación en profundidad en el seno de la Unión dado que es bien fácil de reducir la muestra de los sospechosos de engañar al mercado: aquellos que tenían masiva y misteriosamente abiertas tantas posiciones cortas.

Europa no existe

Pero una investigación pública, en este caso policial, no puede exigirse a una clase política europea entretenida en colocar la diana por donde pasa la flecha. Una clase política, encabezada por la miopía de Merkel, que ha permitido que Grecia sucumba, a la espera de que pasen las elecciones alemanas. La conclusión es clara: Europa no existe.

Crisis de Deuda

Tras una crisis económica profunda siempre viene una crisis de Deuda. Los Estados aumentan Gasto Público para evitar la parálisis de la Demanda, generan déficit y acaban emitiendo cantidades ingentes de Deuda. Y ante tal profusión de endeudamiento ésta puede convertirse en papel mojado. ¿La de quien? La de quien corra menos.

Consecuencias del ataque a España

Un ataque contra la Deuda y los bancos españoles que ha supuesto que el diferencial con el Bono alemán se haya disparado a 113 puntos básicos, que el seguro contra la quiebra (sí, un seguro para asegurar que un Estado puede quebrar, algo tan irrisorio como irreal como reconoce el propio Krugman) se elevó en el caso español 212 puntos básicos, el euro se depreció con contundencia, el precio del cobre alcanzó mínimos de los últimos siete meses y se desplomaron las bolsas europeas: el Eurostoxx un –3,9%, el MIB italiano un –4,7%, el CAC de Paris un –3,6% y el Ibex español un –5,4% dado que los bancos pesan más en su ponderación, siendo precisamente los más castigados.

No se salva nadie

Aquí no se salvó nadie: el Deutsche Bank –relevante tenedor de Deuda griega-, se desplomó el mismo martes un –9,8%, para que vaya tomando nota la intrépida política amazona financiera Ángela Merkel. Bancos como el BBVA o el Santander se desplomaron un –7,6% y un –7,1% respectivamente, así como aquellas compañías muy endeudadas que van a ver encarecerse sus constes financieros : Sacyr que se desplomó un –10,2% o Ferrovial que cayó un –6%.

El león tramposo

No lo duden: aquí quien manda es el león. Pero es que en este caso, encima, el león hace trampas. Correr más que el vecino significa reducir contundentemente nuestro déficit, ser prudentes a la hora de emitir Deuda y velar porque aumente el principal factor de solvencia de la misma que no es otro que el PIB.

Indicador de confianza del Consumidor

Qué contradicción: mientras el león corría tras nosotros el Indicador de Confianza del Consumidor español de abril subía con fuerza de 72,7 a 78,2. Algo que viene a confirmar que los rumores desatados eran tan falsos como simulados. En la city, ahora, todos estos sinvergüenzas se esconden tras los despachos, mientras que esperan que muchos tontos útiles abran sus bocazas para avalar la inocencia de quien no lo es. Soy todo oídos para escuchar a los babosos que piensan que este problema parte de los errores de la política económica y no de la comisión de un delito por parte de fulleros que nada tienen que ver con el mercado.

El Plural.com

Durante la inauguración de la I Convención Municipal Socialista de Tres Cantos, el máximo dirigente de los socialistas madrileños ha afirmado que las medidas de recorte que avanzó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados la semana pasada son “absolutamente necesarias” en tiempos “duros para España y para el mundo”.

Por ello ha hecho un llamamiento a militantes y simpatizantes a hacer “el esfuerzo de explicar por qué se han tomado en este momento, explicar que son necesarias y que son medidas que han tomado el resto de países de la zona euro para defender el futuro de España y de ésta en la Unión Europea… Para defender Europa de los especuladores”.

En torno a las iniciativas del Gobierno Central y su incidencia en el colectivo de empleados públicos, Gómez ha destacado que “no hay denostar a los funcionarios”.

En este sentido ha criticado la actitud del Gobierno de Esperanza Aguirre el pasado jueves en el parlamento regional, ya que “intentan grabar en la conciencia colectiva de los ciudadanos que los funcionarios no trabajan, son vagos y hay que ir a por ellos”.

“Hay que defender a los empleados públicos porque son los que sostienen los servicios públicos en este país”, ha señalado el líder socialista, para quien “hay que poner en valor el esfuerzo que van a hacer los funcionarios”.

Gómez ha insistido en que para salir de la crisis “todos tenemos que apretarnos el cinturón y especialmente las grandes fortunas y los bancos”.

Así, ha recordado la propuesta de los socialistas madrileños de implantar una “tasa de responsabilidad financiera”, para que los bancos, principales causantes en origen de la crisis, y primeros beneficiarios de las ayudas gubernamentales en toda Europa, “contribuyan también a superar esta coyuntura”.