El otro día comentando el tema, me dijeron de un conocido que ya ha reventado la rueda en los bordillos de Foresta, me pregunto si habrá sido el único.

Ahora están las obras por Escultores 29 – 34, se ponen los pelos de escarpias al ver lo estrecho que queda la zona donde circulan los coches.

En los pasos de cebra o cubos de basura subterráneos, me imagino pasando los coches haciendo un alargamiento hacia arriba, como si fueran de dibujos animados. Una cosa es llevar cuidado, y otra, ir salvando obstáculos.

Por supuesto, las baldosas nuevas están mucho más sucias que las antiguas, pero ya se sabía antes de colocarlas, ese material absorbe la suciedad ahí se queda. Este tema oí denunciarlo a Rosa Mª Mateo (RNE – No es un día cualquiera), antes de que se empezaran a cambiar las aceras en Tres Cantos, pero, lo mismo de lo que se trata es de que esté la calle sucia permanentemente.

También hay que destacar la supresión de plazas de aparcamiento por ejemplo a cada lado del paso de cebra.

Denuncia llegado a nuestro email de buzonentrada.

En la zona de Escultores 1- 4, llama la atención el callejón y que los coches no puedan salir por varios sitios como estaba anteriormente, si lo que se trata es de obstaculizar la comodidad de los ciudadanos, que total, casi nadie necesita el coche y se puede ir andando a todos los sitios o en transporte público, pues objetivo conseguido.

Lo mismo estoy equivocada, ¡qué alguien me lo explique!

Ah! y hablando de transporte público. ¿como llega a su trabajo una persona que no tenga coche y que viva por ejemplo en Av. de los Artesanos ó sector Foresta un domingo, si su hora de entrada es a las 8 h. p.e en el hospital Gregorio Marañón? ¿a que hora empiezan los autobuses? ¿alguien ha calculado los tiempos y las distancias?
¡Los domingos es fiesta!

PRIMERA. El servicio de renovaciones y realizaciones de DNIs prestado en Tres Cantos una vez al mes es claramente insuficiente.

SEGUNDA. La forma de inscribirse para poder usar este servicio, es absurda e injusta. Una persona que lleva varios meses intentando
entrar en la lista de afortunados, no tiene ninguna preferencia frente a otra que lo intente por primera vez. Y no poder apuntarse el día
establecido, supone esperar un mes más.

La forma más lógica de gestionar este tema, es crear una lista única, a la que puedas apuntarte el día que quieras y de la que se vayan
borrando las personas que ya han podido renovar su DNI. De esta lista, cada mes, se iría dando cita por orden de antigüedad, bien por correo electrónico, o por SMS, a las personas que lo necesitan. Así, además, te puedes hacer una idea de cuanto tiempo tienes que esperar y pensar si te conviene pedir cita en otro municipio.

Gracias, un saludo

Firmado:  Luis

(En relación a un artículo de Miguel Aguado sobre “los marcos mentales”)

El tema de los marcos mentales y modelos cognitivos   nace principalmente con el pensamiento moderno, ese que surge allá por el siglo XV anudado a la Revolución Científica y a un nuevo paradigma antropocéntrico que intentaba desembarazarse de  anquilosadas estructuras medievales.

Hablar de ello, por tanto, en ámbitos eruditos y entre los intelectuales d¨élite no es nuevo, seguramente a algunos les resultará hasta aburrido.  Claro, lo novedoso o al menos lo audaz es intentar conseguir que eso que se denominan estructuras  conformantes   de pensar, de sentir, de vivir en definitiva no sean el instrumento Hanniballecteriano que sirva a determinados poderes, estrategias e intereses.

Bruce Springsteen, en sus conciertos y con marcado cañí de Nueva Yersey, solía señalar  aquello de “En mi país  sucede  que lo que es verdad parece mentira y lo que es  mentira parece verdad”.  Normal, típico pensamiento neocon que se practicó durante la era  Bush. No sé si se está consiguiendo que eso cambie allí, pero por lo que aparenta aquí estamos, creo, en ese punto.

Dentro del campo de la educación una película, “La ola”, hace referencia a esa manipulación que comienza con un reclamo fácil, instintivo, primario y emocional para ir creciendo cual oleaje imparable en  formas de comportamiento, sentimientos, ideas y, lo que resulta más peligroso, ideología. Ideología sobre todo alienante, “tapabocas” (¿no fue acaso la estrategia que se siguió en los años 30 para alzar a los movimientos fascistas a lo más alto?), y que concluye, en el caso de la película, en un asesinato por parte de un alumno fanático y, en la vida real, en una falta de comunicación desoladora.

Si nos vamos al tema de las desigualdades (de género, económicas, sociales, etc) la cosa puede llegar a alcanzar tintes dramáticos por lo que respecta  a la libertad que una persona (sea del género que sea) pueda tener para moverse (caminar simplemente), expresarse y tomar las riendas de su vida sin  amenazas, coacciones o trampas del tipo que sean. Al final, cuando pretendes cambiar las reglas que te imponen, cuando pretendes deconstruir para ir creciendo, una se dice para sus adentros “Me van a acabar dando una guantada, me van a  llamar “furcia” y  he terminado comprándome unos zapatos que no me hacían falta”.

En fín, creo en la palabra porque es inmensa, porque en ella caben todos los significados, todas las empatías y todas las denuncias. Alguien me dijo en cierta ocasión: “El gran problema del ser humano es la comunicación”, yo ya lo sabía pero había que andar, detenerse, mirar y darse un paseo por Recoletos para constatar que las semánticas de los poderes más ramplones pueden estrangularte  en cualquier esquina.

Estrella del Mar Carrillo Blanco

Rafael Simancas

Este es el tiempo de las grandes reformas estructurales en nuestra economía. Lo peor de la crisis ha pasado y toca cimentar el nuevo modelo de crecimiento sobre bases más sólidas y más justas. La agenda inminente nos lleva a la reforma del modelo de relaciones laborales. Ya se han dado pasos decisivos en relación a la reforma del modelo productivo –con la ley de economía sostenible–, la reforma del sistema financiero y la reforma de las pensiones. Aún tenemos pendiente la reforma decisiva de nuestro sistema educativo y, aunque algunos pretendan evitarla, hemos de afrontar la inevitable reforma fiscal.

Si queremos un Estado garante de una economía competitiva y una sociedad justa hemos de asegurar unos ingresos públicos a la altura de estas expectativas. De lo contrario, tan sólo lograremos la frustración de un Estado que no cumple las funciones que se espera de él o el inconveniente de un Estado inviable por la presión de la deuda.

El Gobierno de España ha afrontado con responsabilidad y valentía el reto de ajustar el gasto público para equilibrar nuestras cuentas públicas, adelantar la aminoración del déficit, y cumplir con los compromisos de estabilización del Euro. En algún momento, no demasiado lejano, tocará también hablar de los ingresos para ajustar nuestro sistema impositivo a las metas colectivas de eficiencia económica y de progreso social. Algunos gobiernos autonómicos han adelantado ya el debate.

Si confiamos en que los ciudadanos nos entiendan en el propósito del ajuste del gasto, por doloroso que este sea, ¿por qué no han de entendernos en el no menos necesario ajuste del ingreso? A nadie le gustan los impuestos, claro está, pero la sociedad española es una sociedad madura y es plenamente consciente de que no podrá homologar definitivamente sus condiciones de vida con las sociedades más avanzadas de Europa si no homologa también sus obligaciones fiscales.

Ahora bien, los españoles solo aceptarán mayoritariamente una reforma fiscal si reúne unas condiciones adecuadas. Esas condiciones son tres: suficiencia, justicia y eficiencia. Un Estado que asegure inversiones productivas en orden a ganar competitividad, en las infraestructuras públicas, en los sistemas de transporte, en la I+D+i, necesita de unos ingresos suficientes. Y un Estado responsable de un sistema de bienestar avanzado y equitativo, en las pensiones, en la educación, en la atención sanitaria, requiere también de recursos suficientes. ¿Más de los que dispone en la actualidad? Indudablemente, sí.

Pero la suficiencia no es condición suficiente. El nuevo sistema fiscal debe ser justo y progresivo. ¿Más de lo que resulta en la actualidad? Indudablemente, una vez más, sí. No es aceptable que las rentas del trabajo estén sosteniendo de manera muy mayoritaria los ingresos fiscales del Estado. El desequilibrio de las aportaciones fiscales entre el trabajo y el capital es insostenible. Quien más gana y más tiene debe aportar más al esfuerzo común por la competitividad, el progreso y la justicia social.

Tampoco bastan la suficiencia y la progresividad en un sistema fiscal justo. Debe asegurarse la eficiencia. El fraude fiscal, el que se practica fuera de la ley o aprovechando los resquicios de la ley, constituye un auténtico agujero negro por el que escapan muchos recursos que en justicia corresponden a la colectividad. Pero, sobre todo, la evasión fiscal socava la confianza de los ciudadanos en el sistema, legitimando y estimulando los comportamientos más insolidarios. Hay que luchar contra el fraude. ¿Más de lo que se hace en la actualidad? Claro que sí.

Y ¿cuál es la prueba del algodón para la suficiencia, la justicia y la eficiencia en nuestro sistema fiscal? Sin duda, su homologación con las sociedades europeas más desarrolladas. La fiscalidad española está hoy más cerca de Rumania, de Eslovaquia y de Irlanda, que de Suecia, de Dinamarca, de Alemania o de Francia. Nuestra presión fiscal en relación al PIB está muy por debajo de la presión existente en estos últimos países. Resulta evidente, en consecuencia, que nuestro horizonte fiscal debe buscarse en el camino de la subida de los impuestos.

Puede entenderse que en la agenda de las reformas estructurales pendientes se antepongan aquellas que dictan las exigencias del Gobierno económico de Europa, y aquellas que pueden servir para aportar más confianza a los amenazantes mercados financieros. Pero no puede ser óbice para que más temprano que tarde hagamos también nuestros deberes en lo referido a la reforma fiscal pendiente.

Rafael Simancas

Me limitaré a reseñar aquí publicaciones, todas aparecidas el lunes 24 de mayo, sobre todo porque así podemos observar las noticias con la perspectiva necesaria.

Steven Pearlstein publica en el diario norteamericano The Washington Post un artículo que, bajo el sugestivo título “Olviden Grecia: el verdadero problema de Europa es Alemania”, apuntaba al país germano de ser causante de que Europa se encuentre sumida en esta grave crisis monetaria. El articulista aseguraba que, y cito textualmente, “La zona cero de la crisis bancaria por la deuda no está en Grecia, ni en Portugal o Irlanda, ni siquiera en España. Está en Alemania.

Por un lado, es un poderoso y eficiente exportador de productos industriales, que generan un gran superávit con el resto del mundo, incluidos la mayoría de los demás países de la eurozona. Sin embargo, en lugar de invertir su riqueza exportadora en un mayor nivel de vida, los parsimoniosos alemanes prefieren ahorrarla (…).

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Cuando se analiza la tríada familias-pobreza-exclusión social hay que tener en consideración que la transformación de las familias se está viendo afectada por la intervención de factores culturales, económicos, demográficos, científico-tecnológicos y políticos. Entre los factores culturales, el individualismo es quizá el valor central actual que preside la lógica social y el discurrir familiar. Se asocia a la desvinculación de las personas respecto de sus grupos y comunidades más directas, en entornos en donde los individuos tienen opción a elegir qué hacer con sus vidas. Sirva de ejemplo de esta tendencia el progresivo decrecimiento de los matrimonios en España. Si en 1976 la tasa de nupcialidad ascendía a 7,23 matrimonios por cada 1.000 habitantes, en 1990 era 5,68 y en 2008 4,23; a pesar que desde el año 2007 se observa una ligera disminución de las rupturas matrimoniales (quizá debido al efecto de la crisis económica y a la dificultad de constituir nuevos hogares).

La transformación de las familias se asocia también a la evolución que ha seguido la economía y el mundo del trabajo, en asociación directa con la apertura de las opciones educativas para las mujeres y su incorporación al trabajo remunerado. En las últimas décadas se ha incrementado el empleo en el sector servicios, en el que básicamente se ha concentrado el trabajo femenino. Pero la posición de las mujeres es más inestable que la de los varones, con efectos muy negativos en algunos casos, por ejemplo, cuando son ellas las que encabezan una familia monoparental (el 90% de las 403.000 existentes). No en vano el 38,2% de estas familias se encuentran en España en situación de pobreza. En algunos casos se producen deslizamientos hacia la exclusión social, y situaciones de gran dificultad cuando la mujer y los hijos a su cargo, no perciben la pensión compensatoria por parte del marido o no disponen de otros apoyos familiares y la mujer pierde el trabajo y no puede pagar la vivienda. También las familias numerosas son especialmente vulnerables, con un 44,4% que viven bajo el umbral de la pobreza.

El aumento de la esperanza de vida por encima de los 80 años en España implica un cambio demográfico de primera magnitud, que ha hecho posible que en bastantes casos cuatro generaciones compartan experiencias. Pero ha llevado también a que muchos ancianos pasen en soledad el fin de sus vidas, tras el fallecimiento de sus cónyuges. Si a lo anterior añadimos que el 44,1% de las personas mayores de 65 años viven bajo el umbral de la pobreza (consecuencia de las bajas pensiones que cobran) y que son un grupo social frágil, cuando a las circunstancias económicas desfavorables, se añaden problemas sociosanitarios, familiares/relacionales, personales y asistenciales.

En estos momentos, la crisis económica y el aumento del paro (el número de hogares con todos sus miembros activos en paro asciende a 1.136.500) ha generado una mayor fragilidad en los apoyos familiares implícitos en el Estado de Bienestar. Uno de los aspectos más significados de la proyección económica de las familias reside en su capacidad para asegurar bienestar social, pues es dónde suelen plasmarse las necesidades sociales (educación de los hijos, cuidado de las personas dependientes, atención a la salud, apoyo a los hijos hasta su emancipación, colchón emocional y económico de los parados, etc)

Teniendo en cuenta la evolución que han seguido las familias españolas en los últimos años (cada vez más reducidas, con un crecimiento notable de los hogares unipersonales, especialmente los integrados por personas mayores solas, de las familias monoparentales (básicamente las monomarentales) se puede comprender que la soledad, el conflicto y la revocabilidad estén cada vez más presentes.

Por lo tanto cabe plantearse si las familias del futuro podrán seguir asumiendo algunas de las funciones que históricamente han desempeñado, si los apoyos por parte del Estado de Bienestar no se potencian más. En las sociedades de nuestro tiempo las relaciones familias-Estado tienden a mercantilizarse y/a debilitarse, de manera que cuando estos vínculos no están resueltos adecuadamente, por falta de apoyos familiares o por la fragilización de las políticas sociales, o por ambas razones, es cuando la problemática de la exclusión social hace su aparición. Por tanto, es necesario mejorar e incrementar las medidas de bienestar que ayuden a las familias a satisfacer necesidades todavía no bien resueltas. En este sentido hay que garantizar entornos laborales razonablemente estables, asegurar que se pueda hacer frente a los gastos de mantenimiento de los niños, los jóvenes, los ancianos y las personas dependientes, apoyar una adecuada inserción laboral de las mujeres, garantizar pensiones dignas para las personas mayores y los sectores sociales con especiales dificultades, y no dejar fuera del acceso a determinadas prestaciones a las familias consideradas no tradicionales.

La historia de la humanidad ha demostrado que nada tiene de natural la pobreza y la exclusión. Y, en ese sentido, es preciso intervenir más, mejor y a tiempo, para evitar algunas previsibles derivas antinaturales de futuro.

Hilde Sánchez Moral

Los conflictos entre la Religión y el Estado no son fáciles de resolver. Se contraponen muchas vertientes: las competencias de cada uno, el espacio público-privado, los valores, la trascendencia entre qué es primero: ciudadano o creyente…

España ha vivido durante años, y todavía colea en cada una de las leyes que aprueba el Parlamento, la fuerte presencia de la Iglesia Católica reclamando su espacio público. En los actos civiles y políticos se confunde lo social y lo religioso; en la escuela, la Iglesia exige tener su asignatura, su profesorado, y sus creencias presentes en la formación de los valores; la Iglesia quiere ejercer el derecho al voto en leyes constitucionales que ella rechaza como el matrimonio homosexual o la interrupción del embarazo.

El conflicto que el Estado y la Iglesia Católica viven continuamente es de definición del espacio público. Porque, en el espacio público y no en el privado, es donde la Religión entiende que gana feligreses y que gana la batalla de sus “valores”. Por eso, no se conforma con que cada persona crea en lo que quiera, sin hacer imposición de sus creencias. El objetivo de las religiones, que además se consideran en posesión de la Verdad, es convencer a todo el mundo. Por eso, no entienden que el laicismo sea un espacio de libertad, sino que sea un espacio anti-religión. Pero, cuando la Iglesia Católica quiere imponer sus criterios, no sólo a los católicos, sino a todos los ciudadanos, ¿no es invadir la libertad individual de cada uno, además de la colectiva como ciudadanos?

Ahora, vemos la misma historia reproducida con la religión musulmana.

exigencias más impondrá la religión musulmana al Estado. Las comidas en los colegios; el derecho a que sus hijos/as estudien también la religión musulmana en el espacio público; el derecho a que los actos civiles también tengan representación musulmana; la poligamia; la diferencia civil entre hombres y mujeres.

A riesgo de que me acusen de intolerante, exijo un Estado Laico, que garantice, sobre todo, la neutralidad del espacio educativo para niños y niñas. En mi opinión, el “espacio público” que debe quedar como “tierra de todos” es la legislación y la escuela. Y cada uno, será libre para casarse o no con quien quiera, compartir sus creencias o hacer uso de los derechos aprobados.

La chica se sentirá completamente libre de llevar en su cabeza un hiyab. Quizás lo crea, y a lo mejor lo sea (como siempre, tengo dudas en cuanto a la libertad de los menores, y también de los mayores). No me importa que los jóvenes lleven gorras; pelos rojos y en punta; pantalones medio caídos que demuestran una falta de estética pero ellos se ven guapos, modernos y rebeldes; ni siquiera, me importa que cubran sus cabezas con pañuelos: siempre y cuando no tenga ninguna simbología. La pregunta es: ¿detrás del pañuelo, qué más exigencias marca la religión? Quien quiere exhibir públicamente el hiyab es porque considera que su individualidad se manifiesta en primer lugar por su condición de musulmana por encima de la de ciudadana; al igual que lo hace una monja o un sacerdote cuando exhibe sus hábitos para demostrar que antes es la fe católica que la legislación civil.

Aunque parezca sectaria, intolerante, fundamentalista, de cultura prepotentemente europea, y que quiero imponer el laicismo, la única forma de garantizar la libertad es “no contaminar” el ambiente educativo con expresiones religiosas públicas. Pero, ¿son públicas las que proceden de una expresión individual? ¿dónde limitamos el derecho de cada uno a ejercer públicamente su libertad?

Hay otra reflexión que no se suele considerar. Las religiones se han convertido en una definición de identidad, de nacionalismo cultural, de sentido de propiedad, de identificar a los “propios”, lo que dificulta la integración en una sociedad común de valores compartidos, y la conquista de una ciudadanía universal de derechos comunes. La espiral de confrontación entre religiones exigiendo espacios, derechos, inversiones, es imparable. No deseo que, quienes vienen de fuera, renuncien a nada, pero tampoco que pretendan reproducir su espacio “nacional-religioso”, porque ha costado mucho, y aún queda por superar, desprenderse de la “imposición política, social y educativa” de nuestra propia religión.

Conquistar los Derechos Humanos actuales, la igualdad entre hombre y mujer, la libertad de pensamiento y creencia, la razón sobre la fe, la separación de poderes entre Estado e Iglesia, ha costado miles de años. Pero se ha conseguido que los Derechos Humanos se hayan convertido en el filtro básico y primario por el que toda religión, cultura, derechos colectivos, nacionalismos, o tradición debe responder. También la musulmana.

Como sé que resulta difícil llegar a un acuerdo en competencias de derechos, pido que se libre a los colegios de ese conflicto. El ámbito educativo no puede enseñar todas y cada una de las religiones para defender el derecho individual, porque la única manera de garantizar que no exista proselitismo es “neutralizar” la educación, que sea civil en valores. Mi única defensa ante la acusación de “intolerante” es que tampoco estoy a favor de las clases de religión en el colegio en horario lectivo. El Estado no puede doblegarse a las exigencias religiosas (colegios católicos o musulmanes, enseñanzas separadas entre chicas y chicos, diferenciación de valores), porque antes que creyentes somos ciudadanos. Y si alguien piensa que es al contrario, y cree que sus creencias religiosas pueden marcar la legislación estatal y los valores cívicos, entonces es que el hiyab como el crucifijo sí significan algo más que una creencia personal: significa una intromisión en las competencias del Estado.

Ana Noguera

Los sindicatos a nivel mundial vienen celebrando el 28 de abril de cada año el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. En esta ocasión lo harán recordando a las víctimas de accidentes y enfermedades profesionales, bajo el lema “Con sindicatos el trabajo es más seguro”.

En España, el Ministerio de Trabajo, por Orden de 30 de marzo de 1999, también convirtió el 28 de abril en el día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Finalmente, en 2003, la OIT instituyó el 28 de abril como Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para destacar la imperiosa necesidad de prevenir las enfermedades y los accidentes en los centros de trabajo.

Según la OIT, cada año mueren en el mundo más de 2 millones de personas a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. De acuerdo con estimaciones moderadas, se producen 270 millones de accidentes y 160 millones de personas enferman debido a un trabajo inseguro, insalubre, o peligroso, siendo los más afectados los pobres y los menos protegidos (mujeres, niños y migrantes).

En la UE, en torno a 27.000 personas mueren por accidentes laborales, cifra que se eleva hasta cerca de 300.000 si se contabilizan los fallecimientos derivados de enfermedades cardiovasculares, pulmonares, oncológicas y mentales provocadas por las malas condiciones de salud en el trabajo.

Estos datos, a escala planetaria, demuestran que todavía persisten, en pleno siglo XXI, formas infrahumanas de trabajo: esclavismo; explotación del trabajo infantil, de la mujer y de los inmigrantes; trabajos que hieren la dignidad humana y los derechos fundamentales; sobreexplotación; trabajo en precario; trabajo humillante… que se convierten en una lacra social y en una vergüenza para la humanidad, sobre todo cuando se busca la obtención de beneficios para una exigua minoría -a través de la sobreexplotación del factor trabajo- a costa de la vida y el sufrimiento de los trabajadores.

En nuestro país, la siniestralidad laboral sigue representando uno de los peores indicadores y es un fiel reflejo de lo que ocurre en nuestro mercado de trabajo. La escasa contribución de los empresarios y la complacencia de las administraciones públicas, junto a la intensificación de los ritmos de trabajo; la precariedad (temporalidad, subcontratación, y falsos autónomos); los bajos salarios; y el alargamiento de la jornada laboral, explican que mantengamos la tasa de siniestralidad más alta de la Unión Europea.

Cuando se han cumplido 110 años desde la aprobación de la primera Ley de Accidentes de Trabajo, en 1900, y 15 años de la aprobación de la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una de cada cuatro empresas es ajena a sus obligaciones preventivas básicas y en el 80% de las empresas de menos de 6 trabajadores no existe representación sindical, ni delegado de prevención. Además, en el 36 por ciento de los accidentes laborales sucedidos en este tipo de empresas, durante 2008, se detectó que no se había realizado ninguna evaluación de riesgos laborales (INE).

Según los datos, todavía provisionales, del Ministerio de Trabajo, en 2009, 1.456.777 trabajadores sufrieron un accidente laboral (un 16,3% menos que en 2008) y 826 perdieron la vida (258 accidentes mortales menos). No obstante, este descenso se debe en buena medida a la destrucción de empleo en los dos últimos años, sobre todo en el sector de la construcción. De los accidentes mortales, 632 fueron en su lugar de trabajo y 194 in itinere (bajan el 17% por las medidas drásticas tomadas por la DGT y porque se siguen computando muchos de ellos como accidentes de tráfico).

En relación con las enfermedades profesionales, en 2009 se han notificado un total de 16.850 (1.850 menos que en 2.008, un 10%). De las notificadas, 9.803 han sido con baja y 7.047 no han producido baja. Todo indica- con estos datos- que se están derivando al Sistema Nacional de Salud patologías que se producen en las empresas y, por lo tanto, se están tratando como enfermedades comunes con el perjuicio que ello representa para los trabajadores y para la prevención eficaz de la salud en el trabajo. A ello contribuye que no está clara la frontera entre enfermedad común y enfermedad profesional. Con frecuencia los factores relacionados con el trabajo agravan una enfermedad establecida, por lo que resulta difícil su reconocimiento y registro, incluso su prevención.

Estas cifras, así como las pérdidas económicas, y fundamentalmente la pérdida de salud de los trabajadores, justifican que los sindicatos denuncien el terrible azote que representa la siniestralidad laboral y exigen que se lleve a la práctica la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2.007- 2.012, aprobada en su día. En dicha Estrategia se abunda en el cumplimiento de la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales que, según los analistas, sigue siendo un buen instrumento normativo para frenar la alta tasa de siniestralidad laboral, aunque haya sido permanentemente ignorada en la práctica por los empresarios y condicionada en su aplicación por el tipo de organización del trabajo y las condiciones de trabajo que imperan en nuestro país.

Para mejorar esta situación, los sindicatos exigen una mayor atención a las microempresas- que representan más del 90% del tejido empresarial- donde llegan con dificultad los sindicatos y la Inspección de Trabajo; mejorar el sistema de prevención fortaleciendo el papel de los sindicatos; incrementar la información y la investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo; adecuar, mejorar, e implementar la formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales; y fomentar la participación, coordinación y eficacia de las administraciones públicas en las políticas de prevención de riesgos laborales (INSHT, Inspección de Trabajo, Fiscalía Especial, Mutuas, Comisión Nacional de Seguridad, Fundación para la Prevención…).

En relación con el último punto, UGT viene planteando, además, crear un Organismo Estatal con capacidad política suficiente para actuar en la prevención de riesgos laborales, con la pretensión de resolver los problemas derivados de la falta de coordinación causados por la transferencia de competencias a las CCAA, su desigual financiación, y la necesidad de optimizar la eficacia de los recursos empleados en los distintos niveles territoriales en materia de prevención de riesgos para la salud de los trabajadores.

En esta ocasión, los sindicatos están haciendo especial hincapié en el reconocimiento de las enfermedades profesionales (la salud no se vende, ni se delega; se defiende)- que están infradeclaradas y causan diez veces más muertes que los accidentes laborales- ante el previsible incremento de los diversos tipos de riesgo: físicos, biológicos, químicos, de estrés (causante de más del 50% de los días de trabajo perdidos en Europa), así como el riesgo que representa la exposición a las nanopartículas y partículas ultrafinas que se pueden traducir, finalmente, en lesiones profesionales poco conocidas en la actualidad pero que pueden aparecer en el futuro, como ocurrió con el polvo de sílice (silicosis) y está ocurriendo con el amianto (asbestosis), afectando en este caso a más de 60.000 familias en España. Recientemente, un ejemplo significativo- y motivo de alarma- ha sido el de la empresa France Telecom sometida a un proceso de reorganización desde 2006, que perseguía la salida de 22.000 trabajadores del grupo. Ello ha producido depresión por estrés y el suicidio de 35 trabajadores, lo que ha generado una investigación judicial por “acoso moral” y por poner en peligro la vida de terceras personas, lo que va a requerir nuevos diagnósticos sobre la salud ante las nuevas realidades que nos esperan.

En todo caso, la disminución de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales- hasta situarlas al menos en la media de la UE- sólo será efectiva cuando se integre en un modelo de desarrollo en el que el cuidado de la salud sea realmente un recurso productivo y no un mero efecto colateral más o menos asumible en términos económicos, y las empresas terminen por aceptar, de una vez por todas, el concepto de “trabajo decente, seguro y con derechos” como un concepto rentable, incluso en términos económicos.

Por eso hay que seguir extendiendo la cultura de la prevención de riesgos para que penetre en las empresas y en el conjunto de la sociedad, y exigir a los diversos gobiernos que se lo tomen en serio y trabajen por llevar a cabo una inmediata y profunda reforma, de acuerdo con la importancia que tienen en una sociedad democrática los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, comenzando por penalizar como se merece- a través de la Inspección de Trabajo y de la Fiscalía Especial- las conductas irresponsables y delictivas de algunos empresarios, porque la seguridad en el trabajo es un derecho que no admite excepciones.

Antón Saracíbar

La mayor parte de los economistas, sobre todo los del pensamiento principal, plantean las cuestiones económicas sin considerar el marco político, institucional y social en el que se desarrolla la actividad económica. Para ellos, lo importante es lograr tasas elevadas de crecimiento económico sin tener en cuenta el contexto en el que tiene lugar la actividad. Así, es frecuente que se analicen, por ejemplo, los éxitos de determinadas economías, alabando el buen hacer del gobierno para lograr tan buenos resultados, sin que se cuestione el que, en muchos casos, estos tienen lugar en un marco político totalitario.

Así, la democracia no se considera un valor importante a la hora de evaluar el desarrollo económico. Es más, en algunos casos se llega a afirmar que ésta puede ser un entorpecimiento para conseguir el crecimiento. En más de una ocasión algún economista brillante ha llegado a afirmar que la democracia es un bien de lujo, y, por tanto, propio de los países ricos. La democracia se alcanzará cuando se logre un cierto grado de madurez económica. Hasta alcanzar ese punto lo importante es crecer, aunque sea con elevados costes sociales, políticos y ambientales. Después la democracia caerá como fruto maduro. El crecimiento se plantea como el objetivo principal y único que hay que tener en cuenta. La consecución del desarrollo supone sangre, sudor y lágrimas.
Afortunadamente no todos los economistas piensan igual, y esas tesis son fácilmente rebatibles si se analiza la historia con rigor. Amartya Sen ha destacado la importancia de que exista democracia para evitar hambrunas. La corriente de pensamiento que se inspira en las aportaciones de Sen tiene una concepción del desarrollo más amplia que limitar éste al puro crecimiento. Un crecimiento más igualitario en rentas, riqueza, oportunidades y derechos es fundamental, como lo es la igualdad de género, y la potenciación de las capacidades personales para favorecer la realización de la propia vida. En este enfoque la democracia y el desarrollo deberán ir unidos y no como cosas separadas y que no tienen nada que ver.

La recuperación del pensamiento institucional de Veblen, Dewey y Commons, que entronca con lo que estamos diciendo, resulta básico para tener en cuenta una dirección del desarrollo determinada y concreta. Comprender las instituciones es fundamental para entender el crecimiento y el funcionamiento del mercado. Esta corriente institucional no tiene nada que ver con el neoinstitucionalismo moderno. Éste se sujeta al estrecho marco neoclásico, el marco de la elección racional, que ni es racional ni ofrece posibilidades de elección. En algún libro sobre neoinstitucionalismo moderno, la palabra institución ni siquiera aparece, y se explica todo con la elección racional, los costes de transacción y las imperfecciones de la información, considerando que todo ello y solamente con esos análisis, se explican las instituciones. Pero las instituciones, tal como las consideraban los institucionalistas clásicos mencionados, no se encuentran en sus análisis y, en consecuencia, para esta visión no explican realmente nada.

El desarrollo no es ajeno a cómo se consigue el mismo y a quién beneficia, al igual que es fundamental tener en cuenta la equidad, los derechos políticos y sociales, la sostenibilidad, la eliminación de la pobreza y el hambre. Los economistas no podemos ser ajenos a todo ello y considerar que éstos son aspectos que no incumben a nuestra disciplina. La economía es una ciencia social que debe pretender la mejora de la sociedad y el avance en el bienestar, y todo esto es más complejo que el reduccionismo económico, pues los factores que tienen un componente humano y social son necesarios tenerlos en cuenta. En todo proceso económico la ética debe ser una pieza central para comprenderlo y para evitar que la economía se convierta en un área de conocimiento tecnocrática y sin dimensión social y ecológica.

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día las economías modernas, es precisamente la falta de ética y de valores en el comportamiento económico. La codicia, la avaricia y la adoración del becerro de oro lo invaden todo. El único objetivo para los que pertenecen a las elites económicas y políticas es ganar dinero, y éste es el valor fundamental que se traslada a la sociedad. Lo peor de todo es que en esa carrera parece que todo vale, y que el enriquecimiento se puede obtener por cualquier medio con tal de lograrlo.

La corrupción se instala en algunas de las altas esferas económicas y políticas. La corrupción es un cáncer para la democracia y el desarrollo, al tiempo que impulsa la degradación de los valores y de la ética de la sociedad. No podremos hablar de un desarrollo pleno si existen grados de corrupción tan elevados, que conducen al deterioro de las instituciones, la desafección de la democracia y al avance de comportamientos autoritarios ante el debilitamiento de las instituciones democráticas y del estado de derecho.

La corrupción no ha sido tratada aún suficientemente por el análisis económico, aunque cada vez se está estudiando con mayor rigor. Algunos estudiosos, no obstante, la centran, a mi modo de ver equivocadamente, en el tamaño del sector público y del Estado para explicar el desarrollo de la corrupción. La burocracia y un Estado que consideran excesivamente grande e intervencionista facilitan esas prácticas. Parece como si el mercado, y la persecución del beneficio a costa de lo que sea, no tuvieran nada que ver con las prácticas corruptas. Nada más alejado de la realidad. Sin negar las responsabilidades del Estado, las otras no carecen de importancia.

No deja de ser paradójico, por ejemplo en España, cómo los partidarios del mercado a ultranza y de la privatización han tramado una red de corrupción desde el poder político, que es el mayor escándalo que se conoce desde el inicio de la etapa democrática. La utilización del Estado para sus fines particulares, partidistas, y para los de sus amigos y conocidos es el mayor daño que se puede hacer a un Estado democrático, más allá de las responsabilidades penales que se puedan dar. El Estado deja de ser un elemento fundamental para avanzar en el verdadero desarrollo, se privatiza y se usa de un modo delictivo causando también perjuicios económicos graves a los ciudadanos. En la denuncia de la corrupción hay que ser inflexibles, hacerse cómplice de ella tendrá consecuencias irreparables para el prestigio del país y para la propia convivencia democrática.

Carlos Berzosa

La visión que se está transmitiendo, por la mayoría de medios de información en España, sobre la crisis del euro es que esta crisis está causada por el comportamiento irresponsable del gobierno griego, que ha gastado en exceso en su estado del bienestar, creando un déficit y una deuda pública que no son sostenibles y que han generado dudas sobre si el gobierno podrá pagar sus deudas, con lo cual la moneda que utiliza Grecia –el euro- quedará muy afectada. Ejemplo de esta lectura del euro es el artículo de Sala i Martín en La Vanguardia (17.02.10), en el que critica a Grecia (y a otros países de la eurozona mediterránea, incluyendo España) de ser responsables de la crisis de la moneda europea, debido a un excesivo gasto público, derrochado –según él- en exuberantes beneficios sociales y laborales (ver mi artículo “La crisis, ¿qué debería hacerse?” Sistema 05.03.10). En este contexto, aparecen frecuentemente los pensionistas griegos, muchos de los cuales pueden ya jubilarse a la temprana edad de 55 años. De esta lectura se deriva que la solución es que los griegos (así como los españoles, portugueses y otros mediterráneos -aunque incluyen también a Irlanda- inclinados a excesos en sus gastos públicos) se aprieten el cinturón recortando su gasto público y reduciendo sus exuberantes beneficios sociales y laborales, tal como instruyen el Banco Central Europeo (máxima autoridad monetaria de la Eurozona) y el Pacto de Estabilidad.

Hasta aquí el dogma liberal. Veamos ahora los datos. En realidad, la economía griega en los últimos quince años (hasta 2009) había sido altamente exitosa. Su crecimiento económico (medido en el PIB per capita) creció más rápidamente que el promedio de la UE. Es cierto que ahora su déficit es elevado (13% del PIB), y su deuda es también elevada (113%), aunque no mucho más elevada que la deuda que se proyecta para el 2011 para el promedio de los países de la OCDE y mucho menor que la deuda de Japón (192% del PIB). Lo que ha ocurrido en Grecia, y en la mayoría de países de la OCDE, es que la disminución de los ingresos del estado, consecuencia del descenso muy marcado de la actividad económica, ha causado el crecimiento del déficit. Lo que los liberales olvidan es que el problema del déficit se basa más en el déficit de ingresos al estado (impuestos), que en la exuberancia del gasto.

Grecia es un país pequeño (que además tiene un fraude fiscal enorme), y el gobierno conservador anterior prefirió más conseguir dinero de los bancos extranjeros que aumentar los impuestos de la gente más pudiente y así corregir el fraude fiscal. El 95% del dinero que consiguió, vendiendo bonos, fue a bancos europeos. En otras palabras, el 95% de la deuda del estado griego la tienen los bancos europeos (y muy en especial los alemanes). Estos bancos compraron los bonos griegos en masa y a precios muy reducidos. Tiene millones de euros en bonos. Estos bonos los tienen asegurados en lo que se llama Credit Defaults Swaps (CDS); lo cual quiere decir que el aseguramiento de los bonos no se basa en su precio real, sino en un precio ficticio, resultado de la especulación. De ahí las campañas de los bancos y de los hedge funds (fondos de carácter especulativo) a fin de inflar el precio de los bonos que generan un interés exorbitante de un 7% por año. Y se están forrando como consecuencia de ellos. De esto, los liberales ni hablan.

Pero este crecimiento exuberante de los intereses de los bonos lo tiene que pagar el ciudadano griego a base de ajustarse el cinturón. Y ahí está el Pacto de Estabilidad, el instrumento por antonomasia de rectitud monetaria. Lo que al ciudadano griego se le dice es que tiene que ser más austero, vivir con menos transferencias y servicios públicos y reducir sus beneficios sociales y laborales. Todo ello para que se puedan pagar a los bancos sus escandalosamente altos beneficios bancarios, basados en mera especulación. Y los bancos tienen sus propias agencias de certificación (que están en su bolsillo), que catalogan los bonos de los estados según la voluntad de los gobiernos de seguir las instrucciones de los bancos (que se llaman los mercados financieros).

Ahora bien, este descenso del gasto público está creando un enorme problema, pues acentúa más la recesión y dificulta la recuperación en todos los países de la eurozona y no sólo en los países mediterráneos (e Irlanda), sino también en los países centrales, incluida Alemania. La austeridad de gasto público (iniciada ya con las reformas Schroeder) en Alemania, junto con la falta de crecimiento de los salarios en aquel país, hace que la escasa demanda interna esté imposibilitando el estímulo económico necesario para salir de la crisis. De ahí que los círculos liberales y conservadores que gobiernan en Alemania intenten basar la recuperación económica en el crecimiento de las exportaciones. Pero el problema es que la gran mayoría de exportaciones en Alemania (2/3 partes) van a los países de la Eurozona que no están importando por las mismas razones: las prácticas de austeridad (bajada de gasto publico y de salarios), que están imposibilitando que se importen los productos alemanes. De ahí que el comercio alemán y europeo se está paralizando. En realidad, en Irlanda, donde más se han aplicado las recetas de austeridad (al igual que en Lituania), el PIB ha disminuido nada menos que un 8% (en 2009), desembocando aquel país en una profunda recesión. Un tanto igual ocurrirá en Grecia (y puede ocurrir en España si las políticas de austeridad no cambian). El paquete de ayuda de la UE a Grecia que el presidente Zapatero, Presidente de la UE, ha organizado, es una medida necesaria pero profundamente insuficiente, pues la solución a la crisis de Grecia pasa por cambios más profundos de lo que la UE está considerando, pues se necesita un giro de 180º en sus políticas, pasando de políticas liberales a políticas keynesianas de estímulo de la demanda. Cuando se creía que la crisis presente (generada por las políticas liberales) significaría el fin del neoliberalismo, resulta que, paradójicamente, estamos viendo como la mayoría de gobiernos de la UE, alentados por sus instituciones (tanto el BCE como la Comisión Europea y el Consejo Europeo) están reincorporando tales políticas.

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy de la Johns Hopkins University