RÉPLICA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA A LA MALINTENCIONADA INFORMACIÓN DE FOLGADO

Tres Cantos, 9 de febrero de 2010. El Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos (G.M.S.) después de comprobar  el alarde informativo desplegado por el gobierno de Folgado criticando las demandas interpuestas por el grupo socialista y para que los vecinos tengan conocimiento de las dos versiones, queremos dejar constancia:

1º. El G.M.S. siempre que ha acudido a los tribunales lo ha hecho porque los distintos gobiernos del PP nunca han admitido, no ya el consenso, simplemente el dialogo sobre temas urbanísticos.  Por ello, ante las reiteradas actuaciones que entendíamos no perseguían el interés de los vecinos  y podían incumplir la ley, nos hemos visto abocados a efectuar las denuncias por responsabilidad y coherencia.

Siempre hemos actuado defendiendo el tandem dialogo-consenso como prioridad a pesar de lo inútil de esta actitud.  De hecho, cuando se presentó el Plan Parcial de Ordenación Urbana y ante un supuesto intento del anterior gobierno de alcanzar acuerdos entre gobierno-oposición, el GMS presentó la suspensión de los contenciosos en los tribunales para demostrar que actuábamos de buena fe. Finalmente el gobierno PP-Mª de la Poza no cumplió su compromiso y ni tan siquiera hubo conversaciones con la oposición.

Folgado se olvida de informar que el GMS no ha sido el único colectivo que ha presentado denuncias judiciales sobre las actuaciones urbanísticas del gobierno, sino que propietarios de suelo y empresas inmobiliarias relacionados con el AR Nuevo Tres Cantos (nueva zona de crecimiento) también han presentado contenciosos en los tribunales que siguen su trámite.

Folgado se olvida de informar que entre los denunciantes está un concejal del anterior gobierno del PP-Mª de la Poza que reclama en los tribunales  la cantidad de 2.000.000€ por el 50% de un terreno de su propiedad en el nuevo crecimiento, después de haber obtenido otros dos millones de euros por el otro 50% que vendió cuando era concejal de gobierno. Un concejal que negó, en el pleno municipal, que mantenía propiedades en el nuevo crecimiento para poder votar en todas las decisiones urbanísticas que el gobierno adoptó, siempre con el beneplácito del PP que ostentaba la delegación de urbanismo en el gobierno anterior.

En la relación de contenciosos expuestos por Folgado en la nota de prensa, se olvida del contencioso sobre la adjudicación del campo de golf con una sentencia positiva para el Grupo Socialista. Curioso olvido.

El G.M.S acata las sentencias judiciales aunque no las comparta. Entendemos que a pesar de que administrativamente la ley no se incumple los intereses públicos quedan mermados:

• Después de nueve años desde que se inició este proceso todavía no se ha construido nada en el nuevo crecimiento.

• El Ayuntamiento de Tres Cantos, a petición expresa del gobierno, no posee ni un solo metro cuadrado para la construcción de vivienda protegida. Los terrenos para la edificación del total de las 3.288 viviendas de protección son propiedad de FCC, la vivienda protegida de Tres Cantos es un monopolio de la empresa constructora que gestiona y desarrolla el nuevo crecimiento.

• Las consecuencias son: los 1.000 jóvenes adjudicatarios de vivienda de VPPBOC han visto reducidos los metros cuadrados y aumentado el precio de sus viviendas. Las cooperativas tanto las que tenían suelo en propiedad como las que no, están pendientes de ser agraciadas por la decisión de FCC para ver a quiénes les vende terrenos para vivienda protegida con la condición de que la construcción la efectuará la propia empresa. Otras cooperativas ante la dilación en el tiempo y la posibilidad de no obtener suelo han optado por la vivienda libre para poder dar respuesta a sus cooperativistas.

• Otras consecuencias han sido la imputación en el Juzgado de Colmenar Viejo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de doce personas, entre ellas la anterior alcaldesa, un concejal y el anterior secretario del ayuntamiento, y siete empresas entre las que se encuentran dos empresas de un concejal y otra que fue adjudicataria de la pista de atletismo que aún sigue sin estar utilizable.

• Otra consecuencia ha sido el alto nivel de especulación que se ha dado en nuestro ayuntamiento en el nuevo crecimiento. Un ejemplo ha sido los 8.000.000€ de beneficio en poco más de dos años de los tíos y primos de Esperanza Aguirre por la compra y venta de terrenos en el AR Nuevo Tres Cantos.

Aunque las exigencias en materia de legislación administrativa se cumplan como dictan las sentencias, a nuestro entender las consecuencias no son las adecuadas ni para los vecinos, junto con otras secuelas inapropiadas de una gestión pública.

2º. Folgado asegura que los distintos contenciosos han alcanzado la cantidad de 400.000€. Si el coste para el Grupo Municipal Socialista no ha llegado a 50.000€. Habría que preguntarse ¿por qué si los procesos son los mismos para ambas partes el gobierno ha tenido un gasto siete veces superior?.

Para el G.M.S. ha sido un esfuerzo económico hacer frente a este gasto que ha sido abonado del protocolo político durante ocho años, y  que nos ha obligado a renunciar a otras actuaciones que políticamente hubieron sido más rentables como el tema de comunicación, sin embargo entendíamos que ante una posible vulneración de la ley debíamos de actuar. Los resultados no han sido los esperados pero para el grupo socialista era una decisión de responsabilidad.

El Alcalde ha incidido en su despliegue informativo por el gasto efectuado, sin explicar que 350.000€ han sido del gobierno. Resulta incongruente que Folgado ponga el foco sobre este tema porque está demostrando de forma continuada que tanto él como su equipo de gobierno utiliza el erario público en actuaciones juridicas y judiciales sin reparo.

De hecho, además de los procesos judiciales de este ayuntamiento durante el mandato de Folgado que han ascendido a 584.463,26€. Hay que añadir:

•  Desde alcaldía la contratación de una asesoría jurídica por 28.080€/año.

• La contratación de abogado para  informes jurídicos laborales por 5.220€.

• La contratación de abogado para el convenio laboral del ayuntamiento por 21.808€.

• La contratación por asesoramiento jurídico para la utilización de una cuenta corriente tributaria por 13.920€.

• La contratación por asesoramiento jurídico en materia de financiación de inversiones por 20.880€.

• La contratación por asesoramiento jurídico para la aplicación de ingresos financieros por depósito bancario de fondos de venta patrimonial por 19.720€.

• La contratación por asesoramiento jurídico para puestos de trabajo por  2.320€

• La contratación por asesoramiento jurídico para procesos de selección por 2.320€.

• La contratación por asesoramiento jurídico para la elaboración de un procedimiento sancionador de medio ambiente por 17.400€.

• La contratación por asesoramiento jurídico financiero para obras de conservación y reforma de conducciones de alcantarillado por 20.880€.

• La contratación por asesoramiento jurídico para la liquidación final de la pista atletismo por 20.880€.

Estas contrataciones externas suponen un montante de 173.428€, que sumados a los procesos judiciales nos da la nada inestimable cifra de 757.891.26€ durante el mandato de Folgado.

El afán de externalización de servicios de este gobierno, pone cada vez más en duda la adecuada gestión por parte de Folgado y su gobierno de los recursos tanto personales como materiales que tiene el propio ayuntamiento, incluido los servicios jurídicos-economicos (secretario, vicesecretario, interventor y tesorero), sin incluir los 17 asesores de las distintas áreas que perciben un montante anual de 1.000.000€.